Ciutadans - Federación de Barcelona (ciudad)

OPINIÓN

Conocí al abogado Eduardo Moreno en un acto organizado hace algunos meses por la plataforma vecinal que se opone al proyecto de construcción de más de 1.000 viviendas en los terrenos del Fútbol Club Barcelona. De su intervención me impresionó la claridad y la contundencia con que defendió una idea que aún hoy puede parecer revolucionaria, pero que no es más que la expresión de la legalidad, ya que deriva de una sentencia del Tribunal Supremo: la ciudad es de todos y no sólo de los propietarios del suelo (“es el interés de la comunidad y no el de unos pocos el que ha determinar su configuración”).
La legislación urbanística española defiende y garantiza ese derecho. Fue el ingeniero Cerdá, el más destacado impulsor de la política de ensanches y creador del Ensanche de Barcelona, quien primero planteó la necesidad de una legislación estatal que hiciera posible, mediante el desarrollo de unos adecuados instrumentos de planificación y gestión, el diseño de una ciudad equilibrada, saludable, y cómoda, que situara las necesidades prácticas de los ciudadanos (luz, ventilación, circulación, equipamientos y espacios libres) en el primer plano del problema y que limitara la densidad a unos valores compatibles con el bienestar de la población. Aquella primera propuesta de Cerdá no pudo aprobarse hace ciento cincuenta años debido a la oposición de los propietarios del suelo y de muchos ayuntamientos, pero es la que está en la base de la legislación que se ha desarrollado con posterioridad. Por ello, cuando desde intereses particulares se alega que los terrenos que pertenecen al F.C.B. son “casa suya” y que cada uno en su casa puede hacer lo que quiera, hay que contestarles que no tienen razón. La ley obliga a que el uso del suelo se determine en base al interés general de los ciudadanos. Cerdá acertó al defender la necesidad de una legislación estatal “fuerte” que sirviera de contrapeso a las habituales presiones que ejercen los propietarios sobre los arquitectos municipales.
El apoyo a las alegaciones presentadas ante el Ayuntamiento de Barcelona –alegaciones contra un proyecto que pretende expulsar de la ciudad siete hectáreas de suelo destinado a equipamientos- es coherente con aquella idea. El convenio suscrito entre el Ayuntamiento y la propiedad contraviene el espíritu y la letra de la legislación urbanística, no responde a razones de interés general, su finalidad es enriquecer al propietario de los terrenos, incumple las Normas Urbanísticas que determinan que cuando un equipamiento no sea necesario su suelo debe ser destinado a parque o jardín público, y no compensa el aumento de densidad con la previsión de mayores espacios libres dentro del mismo sector. Esta es la manera como los partidos que apoyan la recalificación -PSC, CiU y ERC- están celebrando el año Cerdá: repitiendo los errores del pasado.
 
Koldo Blanco