Ciutadans - Federación de Barcelona (ciudad)

(Carta de un vecino de Eixample que ningún periódico le ha publicado)

El municipalismo del PSC, encabezado por el alcalde Hereu, aprobó, no hace mucho, un manifiesto de total rechazo y condena a cualquier forma de corrupción, dejando claro que es incompatible con el ejercicio público y con la pertenencia al PSC. Pidió a su partido que siguiera trabajando en el impulso de medidas encaminadas a la regeneración democrática, la transparencia y el reforzamiento de la confianza en la política, y asumiendo el compromiso de tolerancia cero contra la corrupción.

Estaría bien que sus miembros se dieran una vuelta por la Plaza Joan Miró, para comprobar el lamentable estado en que ha quedado, como consecuencia de la construcción ilegal de un parque de bomberos, sobre unos terrenos calificados como parque urbano. Con una licencia de obras ordinaria, que no se ampara en ningún instrumento de planeamiento urbanístico, se ha transformado el uso de una zona verde ejecutada, con la excusa de la provisionalidad y del interés público, que en ningún caso eximen del cumplimiento del planeamiento.

Por si fuera poco, la Concejal del distrito de Eixample, Assumpta Escarp, no ha acreditado el cumplimiento de la Ley de Contratos del sector público, en la adjudicación de los casi tres millones de euros que cuesta este disparate urbanístico a los contribuyentes.

En un momento en que los acontecimientos recientes nos muestran las consecuencias álgidas de la falta de transparencia y legalidad de los responsables públicos, no es ésta la mejor manera de trabajar para la regeneración democrática, la transparencia y el reforzamiento de la confianza en la política. Los ciudadanos nos preguntamos dónde están las instituciones que deben garantizar la legalidad.

Hace unos meses el Ayuntamiento de Barcelona ocupó el Parque de Joan Miró con una construcción ilegal en un terreno calificado como zona verde. Lo hizo aprovechando las vacaciones de verano y sorprendiendo a los vecinos que asistieron impotentes a la destrucción de uno de los equipamientos básicos del barrio.

El parque está en el distrito del Ensanche, el más denso de Barcelona, cuyos habitantes padecen la menor tasa de zonas verdes de la ciudad, con menos de dos metros cuadrados por cada 1.000 habitantes. La prioridad debería ser la de preservar esos espacios, que son un bien público, y ampliar la dotación de zonas verdes en el centro de la ciudad, en lugar de ocupar los escasos espacios libres que existen.

El Ayuntamiento ha tratado de justificar esta actuación en base al interés general y a que se trata de una construcción provisional. Bien, discutámoslo.

En primer lugar, resulta difícil entender qué representa el “interés general” para el Ayuntamiento. Para los vecinos, está muy claro que consiste en defender la integridad y la calidad del espacio público. Los parques urbanos son el pulmón de la ciudad. Con tal fin la legislación urbanística los protege y determina unas condiciones muy estrictas para que no se edifique en su interior. Es inadmisible que se ocupen mediante construcciones. En este caso, el Ayuntamiento necesitaba trasladar las instalaciones del cuartel de bomberos para reformar su sede, para lo que debió haber previsto la construcción de un nuevo edificio en un solar edificable, o el acondicionamiento de algún edificio existente. Pero no lo hizo. Por esa razón ha tenido que ocupar el parque. Los vecinos han acabado pagando los platos rotos de dicho error. Ha sido la negligencia del Ayuntamiento la que ha provocado una actuación contraria al interés general.

En cuanto a la provisionalidad de la construcción, se trata de una falacia. Aunque el traslado del cuartel de bomberos sea provisional, la construcción no lo es porque no cumple uno de los requisitos que determina la ley: que sea fácilmente desmontable. Este cuartel es un gran edificio de dos plantas de hormigón armado, sólidamente asentado sobre el terreno. Los daños producidos en los jardines por la cimentación son irreparables. Es además un gran despilfarro. La construcción ha costado tres millones de euros. Si, como está previsto, el edificio se derriba dentro de tres años, habrá supuesto un gasto de 2.700 euros diarios. Sin tener en cuenta el coste que supondrá la demolición y posterior acondicionamiento del parque.

En cualquier caso, la provisionalidad de la construcción tampoco justificaría su legalidad. Todos los edificios deben ajustarse a las determinaciones de un plan urbanístico. Al no existir el plan, el Ayuntamiento ha incumplido un requisito básico y se ha situado por encima de la ley, siendo la Administración la primera que tiene la obligación de cumplirla.

El Ayuntamiento ha actuado con impunidad. La prepotencia de la regidora del distrito demuestra que los responsables municipales se han acostumbrado a saltarse las normas sin tener que dar explicaciones. Pero este es solo un aspecto del problema. Tampoco las asociaciones vecinales han defendido a los vecinos. Deberían explicar a qué otros intereses están sirviendo, y por qué razón se hacen llamar “asociaciones de vecinos”. El Síndic de Greuges, sorprendentemente, se ha inhibido al considerar que el Ayuntamiento puede ocupar una plaza si lo considera conveniente. ¿No saben los responsables de esta institución que existe una Ley de Urbanismo que el Ayuntamiento tiene la obligación de cumplir? Y el Consejero de Política Territorial de la Generalitat, Joaquim Nadal, tampoco ha respondido a los requerimientos que se le han formulado. Ni las asociaciones, ni el Síndico, ni el gobierno autonómico se han querido enfrentar al Ayuntamiento para defender a los vecinos y hacer cumplir la legalidad urbanística. No es sorprendente que las instituciones estén desprestigiadas y los políticos desacreditados ante la ciudadanía.

Koldo Blanco

Tras calcular que, aplicada con datos de 2009, la nueva norma habría supuesto la mitad de espectadores (hasta cinco veces menos en el caso de las películas europeas), las salas de cine han realizado una huelga el  1 de febrero en la que, según fuentes del sector, ha significado el cierre del 75% de las sala. No han faltado en la jornada los batasunizantes que mueven la palmera del oasis para que otros recojan los dátiles.

La imposición por el gobierno autonómico de Cataluña a los distribuidores y exhibidores de películas del número de copias en cada lengua oficial que deberán ofrecer en las salas de proyección (50% en castellano y 50% en catalán), además de ser un ejemplo de intervencionismo que deberá figurar en los manuales, es contrario a cuanto cualquier sector empresarial sabe desde los años veinte del pasado siglo. Fue en ese peridodo de la historia de los negocios que, como muy bien explicó Edward Bernays, las empresas se dan cuenta de que deben conocer las demandas del público y saber satisfacerlas y descubren que «la relación entre la empresa y el público sólo será saludable si se basa en un toma y daca». A partir de ese momento –seguimos leyendo en Bernays- todo negocio reajusta sus objetivos empresariales teniendo en cuenta la demanda del público: no es suficiente conocer el producto, sino cómo ofrecerlo y las preferencias, hábitos y perjuicios de los destinatarios. Si bien el marketing científico logra modificar gustos de generaciones enteras (en Barcelona casi toda la población consume un producto infame: unas barras de algo llamado “pan” que está muy lejos de ser pan, pero se expende en bolsas de papel y por dependientas con gorrito blanco, y la decoración de los puntos de venta, frecuentemente, pretende evocar una casa rural; que el precio duplique el del verdadero pan de cualquier país de Europa no es el tema de estas líneas), ningún sector tensa la cuerda con el público o los consumidores. «El público no es una masa amorfa que se pueda moldear a voluntad o a la que se pueda imponer órdenes» (de nuevo Bernays). Es la imposición política al público -en la que los distribuidores y exhibidores son utilizados como correa de transmisión- donde la cuerda puede tensarse porque viene a romper la concordia que debe presidir las relaciones entre un negocio y su público.

Hemos hecho referencia ya en alguna ocasión a cómo el consorcio de bibliotecas del Ayuntamiento de Barcelona y la Diputación de Barcelona (institución provincial que cuando omitió en su imagen corporativa la palabra Provincial añadió a lo que quedaba del nombre la expresión Xarxa de municipis) pretende pervertir la oferta y la demanda en su política de adquisiciones, una política de compras dirigida a mantener artificialmente la edición en catalán, como hacía el pujolismo, régimen que adquiría miles de copias de auténtica basura editorial que enviaba a la bibliotecas; lo llamaba suport genèric). Pretende… sin lograrlo. Siendo libre la elección por parte de los usuarios, las estanterías se llenan de ejemplares que no leerá ni dios. Pero el intervencionismo en el sector editorial es básico porque la pobre demanda de la Cataluña real habría puesto a la industria en su lugar: baste recordar cuando obligaron a Lara a comprar parte de Edicions 62 o del Avui, o pensar en el imperio levantado por el valenciano Eliseu Climent, émulo de Ciudadano Kane, gracias a acudir a gimotear al principado de donde se lo lleva calentito.

De la misma idea viene a participar ahora la Generalitat en lo del número de copias de cada título cinematográfico con la excusa de que el público no ve cine en catalán porque no se le ofrece (como dijo en el Telenotícies que aplaudía la medida una joven con bradilalia muy entusiasmada. Nota bene: Telenotícies: informativo de la televisión pública de Cataluña que a las 96 horas del terremoto de Haití abre con el vuelo de Montilla, Carod y Benach desde Barcelona para inaugurar el aeropuerto de Lérida). Pero no deja de ser eso, una excusa que, por un lado, imponen como un “aquí mandamos nosotros” que de vez en cuando deben recordar a empresarios y consumidores y, por otro, como un paso previo que, como saben que la medida imperativa que ahora decretan fracasará, les permita implantar la obligatoriedad del 100% de las copias en catalán.

Durante las pasadas vacaciones navideñas, quien esto firma recorrió cuatro puntos de venta pertenecientes a El Corte Inglés y Ábacus para adquirir el recambio de la agenda para 2010. Al no encontrar unidades en castellano del modelo deseado (quien esto firma dejó de hablar en catalán en 1998 al promulgarse la primera Ley de Política Lingüística: una cosa es velar por las especies en extinción y otra que te obliguen adoptar un lince ibérico), pero era visible el hueco que las había ocupado junto al vertical montón del mismo modelo en catalán, tras un “en castellano lo hemos acabado” por parte del empleado, uno se despidió así: “pues como es el tercer año que me ocurre, díga a sus jefes que adapten la oferta a la demanda; buenas tardes”. Después pensé que quizás Cataluña tenga ya un sector empresarial que prefiera cavar su propia fosa a “meterse en política” como te aconsejaban durante el franquismo para no tener problemas. Imaginé a un kafkiano inspector de la Agència Catalana de Consum (esos que hacen las visititas mafiosas tras recibir denuncias anónimas) verificando que el número de recambios de agenda ofertados en catalán fuera el triple que en castellano.

Desde 1980 la Generalitat ha hecho de la lengua catalana un fabuloso negocio propio mediante la imposición de una lengua en todas las esferas (para devolverle el porcentaje de hablantes que tenía en el siglo XI, momento en que empieza su declive por la expansión del castellano; la recuperación literaria del catalán desde el siglo XIX hasta los años 30 del siglo XX no logró influir en el porcentaje de hablantes) y una ruina para bolsillos ajenos, los de los ciudadanos, por su política de subvenciones (quien esto firma no acude a proyecciones en la Filmoteca de Cataluña de películas subtituladas en catalán: uno no tiene por costumbre pagar las cosas dos veces). Pero ese negocio no lo será jamás para el sector privado que no puede imponer el consumo de un producto de libre elección según las preferencias de ocio, cultura, etc, de cada uno.

Saben, como todos sabemos, que el exceso de oferta no crea demanda: la excusa para implantar el 100% está servida. “Aquí mandamos nosotros”, “a pasar por el tubo”. Antes construir la nación de cartón-piedra que tienen en sus cabezas que se cierren cines y se hundan quienes crean empleo. Ya lo escribió el novelista Juan Benet en un momento crítico de la transición: una vez la cifra de parados ha superado el millón, a los gobernantes les va a dar igual dos millones que cinco.

 Antonio López

Fotografía de R. A.

De la amenaza de tala que se cernía sobre los almeces de la Plaza Joaquim Folguera ya habíamos tratado en este blog (leer) y C’s ha hecho cuanto ha podido para amplificar la voz de los vecinos (leer). En la mañana del pasado martes 19 de enero, vecinos de la Plaza Joaquim Folguera me comunicaban que se estaban talando todos los almeces. Una vez más, políticos mentirosos -por cobardes- habían engañado a los ciudadanos. Pongamos que hablo de un tal Manuel Villalante i Llauradó, desde el 16 de enero de 2007 Director irector General del Transport Terrestre del Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya. Ignoro si es uno de esos mamporreros malcarados de los que, nos cuentan ciudadanos de toda Cataluña, se sirve el conseller Nadal para arrasar el territorio como Atila; ignoro si concurre en él el agravante de no mejorar el transporte terrestre. Lo que cuenta y sí sé es que prometió a los vecinos que les enseñarían el proyecto antes de tocar un solo árbol y que los ejemplares sanos serían transplantados (los expertos describen que los almeces solo sobreviven transplantados en condiciones muy especiales).

Forma parte del culto a la Edad Media del catalanismo y su clase política sustituir a los ciudadanos por súbditos.

La consumación de este nuevo engaño a los barceloneses (recuérdese que en la actualidad, entre otros frentes abiertos entre la administración y los ciudadanos, tenemos el del cuartel de bomberos “provisional” del Parque Joan Miró y el de la recalificación de Miniestadi) puede verse aquí, con las fotografías y en las palabras de la escritora Isabel Nuñez.

No creo que Lincoln pecase de ingenuo cuando construyó su famosa frase, sino que no podía conocer los mecanismos que el marketing y la comunicación políticas iban a desarrollar a partir de los años 20 del siglo XX. Estoy convencido de que hoy puede engañarse a todos en todo durante todo el tiempo.

Existe, por ejemplo, una estructura electoral, nacida de los restos de un partido político, llamada IC-V que está en el gobierno del Ayuntamiento de Barcelona y en el de la Generalitat de Cataluña. Su estrategia electoral es un discurso asentado en tres pilares: ecologismo (“verdes” forma parte de su nombre) y nacionalismo (esa ideología de origen germánico que Prat de la Riba sembró por estos lares tras leer a Fichte de tercera mano y empacharse de novelas de Walter Scott, que leía con deleite); el tercer pilar, el del izquierdismo-progresismo, se levanta torcido por obvia incompatibilidad con el segundo, pero gracias al intento de venderlo podemos leer en su pueril propaganda electoral que están a favor de la paz en el mundo (¿hay alguien que no lo esté?). Uno de los más característicos rasgos de los cargos electos de IC-V[erds] (ignoro si en su estructura existen simples militantes)  es que cuando en Barcelona hay un conflicto entre el verde y todas las gamas de gris del cemento , ni están ni se les espera (por el contrario, es conocida su asidua presencia en las tiendas de lujo de Barcelona donde hasta les hacen la ola). Lo que me lleva a la conclusión de que IC-V tiene la más alta ratio de votantes que no saben lo que votan del singular espectro político catalán.

Antonio López

Fotografía cedida por I. N.

El pasado sábado 16 de enero compañeros de la Agrupación de Les Corts estuvieron junto a los vecinos del distrito que, en una mesa situada frente al número 1 de la calle Pisuerga, recogieron firmas contra la recalificación del Miniestadi en los términos pactados entre Laporta y el gobierno municipal. Una vez más, la anterior fue el pasado mes de diciembre (leer), C’s ha querido visualizar que existe un partido político que se preocupa por los problemas reales de los ciudadanos.

Federación de Barcelona (ciudad) - Área de  Política Municipal.

Fotografías de R. A.

El pasado 1 de enero, las líneas 80,81,82 y 83, que unen los barrios de Ciudad Meridiana, Vallbona, Torre Baró y Verdún, explotadas por Transports Lydia S.L., pasaron a ser explotadas por Sagalés, suprimiéndose también la línea 159 de TMB Interior Ciudad Meridiana creada en 1969, más conocida como “El Chupa”, y con un precio de 0’85€ el billete. Hasta ahí todo normal, pues las líneas se conceden temporalmente a un operador y su gestión puede cambiar de operador al acabar la concesión. Pero lo extraño resulta cuando TMB Autobuses, una empresa pública con una flota de 1083 autobuses y 2500 empleados, recupera la titularidad de estas líneas que fueron privatizadas en 1988 por Mercé Sala, pero cede su gestión a Sagalés, una empresa privada con una capacidad mucho menor, máxime cuando para TMB la recuperación de estas líneas no supone ningún quebranto, ni material ni personal, puesto que los trabajadores y los vehículos de Transports Lydia S.L. serían suficientes, pero los trabajadores han pasado a Sagalés en lugar de a TMB. En TMB casos parecidos a éste se han dado en el pasado: la cesión de todas las líneas de TMB del Barcelonés Nord desde 1986, o la privatización de las líneas nocturnas en 1990, ambas a favor de TUSGSAL, empresa creada y vinculada a la UGT y al PSC; o las líneas UC y T11 a favor de la empresa Rué en 1991; privatizaciones todas ellas responsabilidad de Mercé Sala quien presidía TMB.En los últimos años hemos visto las lanzaderas por los cortes de Metro, donde SARBUS ha explotado las líneas con autobuses de TMB, pero con conductores de SARBUS temporales, y de sus diferentes empresas.  Pero volviendo a Ciudad Meridiana, el cambio de titularidad no ha representado ninguna mejora en las líneas 80,81 y 82 para los vecinos, puesto que los autobuses, horarios y conductores, siguen siendo los mismos que en Transports Lydia S.L. Sí se han producido modificaciones en las líneas 159 (“Ciudad Meridiana”) que ha desaparecido absorbida por la 83; y la línea 83, anteriormente Torre Baró, y que ahora recorre los barrios de Ciudad Meridiana, Torre Baró y Vallbona, con la misma frecuencia de paso, 30 minutos; y que ha triplicado el recorrido respecto a la antigua 83, con el consiguiente aumento de viajeros. El aumento de viajeros y recorrido se ha subsanado con la incorporación de dos autobuses de TMB, pagados con el dinero de todos, pero cedidos a una empresa privada, Sagalés, pintados con los colores de TMB pero con la advertencia en los laterales de “Operat per Sagalés”; estos vehículos son mucho menores que los anteriores y cuentan con una capacidad de 20 plazas cada uno, cuando anteriormente la capacidad era de 44 plazas.  Esta reducción de plazas y espacio en los vehículos, no es lo más indicado para una línea que casi a triplicado su recorrido y aumentado sus viajeros, los cuales en su gran mayoría son ancianos que viven en las zonas altas del barrio, donde las fuertes pendientes son un impedimento para su movilidad; tampoco es lo mas indicado para todas aquellas personas que se desplazan cada día al mercado para hacer la compra diaria con carritos de la compra, y tampoco es lo mas indicado para los niños o los trabajadores que se dirigen o retornan de la escuela o el trabajo; o para aquellos que se acercan al ambulatorio del barrio. Baste reseñar que para acceder al asiento reservado para PMR hay escalones, lo que no ocurría en las anteriores unidades. Actualmente, a determinadas horas es imposible acceder al autobús debido al aumento de la demanda, y la falta de capacidad del mismo, conllevando el malestar por parte de los vecinos, que amenazan con acciones, baste recordar que la capacidad se ha reducido en más de un 50%. Pero eso sí, aunque la explotación la ejerza Sagalés, estética y diseño ante todo: la imagen de TMB está omnipresente en las pegatinas de horarios, en las banderolas de las paradas, en los antiguos autobuses de Transports Lydia S.L. que han sido redecorados con pegatinas como “Bus de Barri”, aunque en la letra pequeña rece el “Operat per Sagalés”. Los conductores todavía siguen vistiendo los uniformes de Transports Lydia S.L. Por otro lado, suponiendo que si estas líneas son propiedad de TMB como se afirma, debería aparecer información sobre ellas en la web de la empresa pública, cosa que no es así, dicha información se obtiene en una web llamada http://www.busnoubarris.cat/, donde aparece presente el anagrama de TMB pero el número de información 902-130014.  Se han editado folletos con los cambios de las líneas 83 y 159 por parte del Distrito de Nou Barris, que solamente se pueden conseguir en el Centro Cívico Zona Norte de Ciudad Meridiana; los editados por TMB son imposibles de encontrar en ningún lugar. Por el contrario podemos encontrar octavillas sobre la L9 en todos los sitios, o de la “Mostra de musics al metro”, o “La celebració del dia internacional de la musica”, en todos los autobuses y estaciones de Metro. Ciudad Meridiana sigue siendo una de las cenicientas del transporte público, como Vallbona, o Vallvidrera. En autobuses las frecuencias en días laborables son inaceptables como lo demuestran los siguientes ejemplos: línea 51 entre 27 y 30 minutos; línea 62 entre 15 y 76 minutos, por no hablar de sábados y festivos; o las líneas 80 y 81 cada 60 minutos o la línea 83 cada 30 minutos, la frecuencia de la L11 de Metro es de 7 o 15 minutos debido a la vía única con que fue construida, y que no permite mejores frecuencias como en el resto de líneas; por no entrar en la situación de Vallbona que aún es peor. Como ejemplo de dejadez hacia estos vecinos, en el plan de buses 2009-2012 en la página 79, se barajaba la supresión de la línea 159, supresión a la que los vecinos se opusieron hace dos años; también se contemplaba la supresión de la línea 51.  Quizás, Ciudad Meridiana no sea mas que el inicio de la privatización de TMB, una privatización de la que se habla y que está en la mente de políticos y directivos, más preocupados en metas personales y en campañas de marketing, que en tomar decisiones que consigan enderezar una empresa politizada con todo tipo de cuotas, lastres y problemas, y que afiance su posición como ha ocurrido con las otras empresas de su entorno en lugar de retroceder. Una empresa presidida por Assumpta Escarp, Concejal del Distrito de Ensanche, cuyo talante es bien conocido por los vecinos del Parque de Joan Miró, la Guardia Urbana, los Bomberos o los trabajadores de TMB. ¿Qué será lo siguiente? ¿La privatización de las líneas, 35, 42, 43, 44, 96 y 97? Ya se verá. Alea iacta est.

José Luis Sánchez

Ciutadans-Partido de la Ciudadanía (C’s) se suma a las numerosas entidades de Barcelona que han reaccionado contra el anuncio sorpresa del alcalde Jordi Hereu de la candidatura de Barcelona como sede de los Juegos Olímpicos de Invierno del año 2022. La propuesta de este alcalde políticamente noquado y desorientado ante el hundimiento de su imagen como gestor la realiza sin el consenso con los partidos de la oposición ni la sociedad civil. Es una propuesta para poner una cortina de humo (y a su vez vender humo) que responde exclusivamente a motivos partidistas y electoralistas del PSC ante los malos resultados que le otorgan las encuestas para las elecciones municipales de 2011. Por otra parte, intenta en vano reconducir el descontento ciudadano ante la pésima situación social y económica de la ciudad y el rumbo errático del gobierno municipal que carece de un verdadero proyecto de ciudad. Hereu y sus socios intentan recuperar credibilidad a base de golpes de efecto como éste.

Dada la experiencia de 1992, unos nuevos JJOO en nuestra ciudad, aunque fueran sólo los de Invierno, ocasión que Ayuntamiento y Generalitat aprovecharían para un nuevo sablazo a las arcas del Estado y después decir que “Madrid nos roba”, incrementarían en Barcelona el precio de la vivienda y los precios de la hostelaría.

C’s, además, pone de relieve que la falta de consenso con la candidatura aragonesa presentada sólo va a provocar un conflicto territorial con un deterioro de las relaciones políticas y sociales entre Aragón y Cataluña que sin duda no ayuda a resolver los problemas de sus ciudadanos y dificulta el desarrollo de proyectos conjuntos.

C’s propone una candidatura olímpica conjunta de los Pirineos, en colaboración con el Comité Olímpico Español, con un proyecto medioambientalmente conservacionista y con un desarrollo económico y social que no esté basado exclusivamente en la construcción. Se debe trabajar por una candidatura que englobe a todos los territorios del área de influencia de los Pirineos, superando el ámbito autonómico, de una forma consensuada en el que la unión de fuerzas y sensibilidades, la colaboración política y dejando de lado los intereses partidistas y nacionalistas sea la prioridad.

Federación de Barcelona (ciudad) – Área de Política Municipal

Ante las graves dificultades económicas por las que atraviesan numerosas familias y ciudadanos debido al paro sin precedentes en España, C’s reclama al Ayuntamiento de Barcelona, a la Autoridad Metropolitana del Transporte y a la Generalitat que implante en el Área Metropolitana una tarjeta de transporte público para los parados gratuita o con amplio descuento, al igual que se aplica ya en otras ciudades españolas y europeas, como Sevilla, Málaga, Zaragoza, Turín, Viena o Bruselas.

No podemos dejar de denunciar la ineptitud e insensibilidad del gobierno del Ayuntamiento de Barcelona que hasta ahora nada ha hecho para aliviar la situación de los ciudadanos barceloneses en paro. El gobierno de la ciudad, en manos de PSC e IC-V, no ha tomado medidas para aliviar la grave situación de desempleo en Barcelona, como podría haber sido la contratación con transparencia para los proyectos del Plan E, o la creación de trabajo estable mediante la eliminación de horas extras en las empresas municipales. Por el contrario, ha permitido que el transporte público suba, un año más, por encima del IPC (0,8%) aumentando el 1,95% el precio de la T-10 (el título de viaje más utilizado), esto es, más del doble del IPC, y el billete sencillo un 3,7%, incrementos desaforados que son un botón de muestra de lo poco que preocupan al gobierno municipal los problemas reales y diarios de los ciudadanos.

Federación de Barcelona (ciudad) – Área de Política Municipal

Ilustración: fotograma de Los lunes al sol (2002) de Fernando León de Aranoa.

Como complemento al artículo de Nico Ortiz “El patio trasero del Ayuntamiento en Montjuïc“, publicamos unas imágenes que revelan el actual estado de abandono de las palmeras y cactos del que fuera un espléndido jardín botánico de Barcelona.

Fotografías de R. A. A.

NOTA

Uno de los blogs que seguimos con interés, Polis, nos ha dado a conocer el artículo publicado en BBC News el pasado 24 de diciembre; en él se aborda un tema que ya hemos tratado en ocasiones (la última, aquí): la degradación del barrio del Raval en el distrito de Ciutat Vella. Lo hemos traducido para lograr una mayor difusión del texto y ello indigne a los responsables de la situación: lo que más molesta a nuestros políticos es que su incompetencia o sus tropelías trasciendan “fuera”. ¿Recuerdan ustedes la indignación de los nacionalistas, con CiU entonces en la Generalitat, por el estreno en España de L’auberge espagnole (”Una casa de locos”, 2002) porque aparecía un profesor de la Universidad de Barcelona que se negaba a usar el castellano ante alumnos extranjeros que no comprendían el catalán? ¿Recuerdan ustedes la prohibición a los periodistas de acceder a la “zona cero” del hundimiento del Carmelo?

Más de 500 postales como éstas ya se han enviado a funcionarios municipales

El Raval se ha preparado para la Navidad. Luces navideñas brillan sobre las estrechas calles adoquinadas. Tiras de guirnaldas adornan los bares de tapas. Y los residentes y comerciantes de este distrito del centro de Barcelona se han preparado para enviar los tradicionales “¡Felices Fiestas!” a las autoridades de la ciudad.
Pero no hay rastro alguno de Santa Claus o de tiernos muñecos de nieve en sus tarjetas navideñas de este año.
«Ésos son algunos que utilizan la calle como váter”, dice Alexia, sacando una de las tarjetas de un montón esparcido por el mostrador de la tienda familiar de zapatos. Queremos que [los responsables del Ayuntamiento] se sientan un poco culpables.» «En ésta están consumiendo drogas”, prosigue, mientras su hija menor tira de la falda para marcharse a casa. «Y aquí, gente que mantiene relaciones sexuales en la calle.»
La foto de una prostituta y su cliente, en mitad del acto y en medio de la calle, deja muy poco a la imaginación. Es la más gráfica de una serie de instantáneas de la vida cotidiana en el Raval captadas por la cámara de los residentes. El mensaje en el reverso de la postal dice “¡Feliz Navidad!”
«Las estamos enviando al alcalde para que pueda colgar las fotos en su árbol de Navidad» explica Luis, marido de Alexia. «Siempre nos envía postales con bonitas imágenes de Barcelona. Pero lo que pasa aquí ni de lejos es tan bonito. Quiero que él y su familia vean lo que nosotros tenemos que ver», añade el vendedor de zapatos.

La calle del Sexo

Los vecinos ya han enviado más de quinientas a cargos electos y a la policía local.

Los residentes en el Raval dicen que quieren vivir en “un barrio digno”.
No es su primer intento de llamar la atención de las autoridades. En casi todas las casas del Raval han colgado grandes pancartas blancas en sus balcones con una sola frase en catalán: “Volem un barri digne!” (¡Queremos un barrio digno!)

Ahora han recurrido a una táctica de choque
El Raval ha sido durante muchos años una zona de prostitución, pero los vecinos se quejan de que nunca ha sido tan sórdido.
«Yo solía venir aquí y mirar a las chicas cuando era más joven», reconoce Jaime, quien dice que una “avalancha” de las trabajadoras del sexo extranjeras ha cambiado el ambiente de la zona. «Antes había sólo unas cuantas españolas en los bares. Ahora todo está organizado por las mafias que traen aquí mujeres de otros países y las controlan», dice.
Al igual que otros residentes, Jaime cree que las chicas extranjeras que se alínean en los desastrados callejones del distrito son obligadas a ganar dinero rápidamente para pagar su deuda. El sexo al aire libre permite precios bajos y alta rotación.
«No es habitual que todos hagan el acto sexual en la calle, pero ocurre», explica Oscar Urdeitx, cuya casa está a pocos pasos de la principal calle turística de Barcelona, Las Ramblas.
«En Barcelona, tenemos turistas del Reino Unido que vienen sobre todo para el fin de semana y nada les importa. Probablemente ésa es la gente que acaba con sexo por las esquinas.»
Oscar cree que el aumento de las trabajadoras del sexo en el Raval ha incrementado otros problemas. El municipio pone en marcha ahora un gran centro de canje de jeringuillas a los toxicómanos en el Raval. Pero Oscar dice que muchos eligen para inyectarse la puerta de su casa. Otros usan un parque cercano.

«Vengo aquí en primer lugar para recoger los preservativos y jeringas y a limpiar», dice una madre mientras sus hijos pequeños, detrás de ella, trepan por un juego de escalar. «La señal aquí dice claramente que esta zona es para los niños, y si ven un condón o algo en el suelo, lo van a recoger y metérselo en la boca. ¿Cómo no tenerlo en cuenta?»
En los últimos meses, la policía ha aumentado su presencia en las calles. Pero no hay pena privativa de libertad por fornicación pública en España, y un agente que patrulla en el Raval reconoce que sus posibilidades son limitadas. «Sólo puedo decirles que se vuelvan a vestir y se vayan. Pero es complicado», dice Agustín, que todavía no ha recibido su postal de Navidad. Admite que multar a la gente de poco sirve.

Así que los residentes del Raval quieren impactar a las autoridades de Barcelona y que lleve a una intervención más eficaz. «Queremos que se sientan un poco culpables», dice Alexia. «Tienen que saber que no hacen el trabajo que tienen que hacer.» El alcalde no quiso hablar de este tema en una entrevista. Su secretaria, sin embargo, dijo que no había visto ninguna de las tarjetas en su bandeja de entrada.
Pero si una instantánea del Raval no termina apoyada entre las velas y las luces de Navidad en la repisa de la chimenea del alcalde, las imágenes de la prostitución, las drogas y armas serán muy difíciles de olvidar.

Sarah Rainsford, Barcelona

Traducción de A. L.

La zona de Miramar en Montjuïc debe ser un punto non grato para el Alcalde de Barcelona y, por varios motivos del que sólo él es responsable, se ha convertido en un lugar poco apetecible para los ciudadanos. Un parque cerrado por falta de previsión y un hotel privado y en quiebra sobre dominio público.

En la falda sureste de Montjuïc se sitúan los jardines de Costa i Llobera, ubicados allí desde hace 40 años. Tienen un gran prestigio en todo el mundo y son el paraíso de los aficionados a los cactus en sus más de 6 hectáreas de superficie. Es un espacio de gran riqueza botánica y de unas características únicas. Pero esa zona con vistas al puerto y la Ronda Litoral no parece precisamente para el Ayuntamiento un espacio prioritario del que ocuparse. Después de un largo periodo de progresiva degradación, a principios de 2006 el Instituto Municipal de Parques y Jardines comenzó su rehabilitación. Los trabajos, presupuestados en 2.500.000 euros, consistían en una reforma integral, con la plantación de vegetación y la adecuación de las infraestructuras y la accesibilidad.

El proyecto se abordó con la habitual falta de previsión municipal y se descubrieron graves problemas geológicos y de drenaje derivados de la antigua cantera sobre la que se asienta el parque; el gasto (por ahora) se ha elevado en otro millón de euros y un importante parque sigue cerrado desde hace muchos años. Todo ello mientras cada día proclaman desde el Ayuntamiento y a los cuatro vientos que son sobre todo un gobierno verde, sostenible y ecologista. De lo que nadie duda es que tendremos arreglado el parque de Mossén Costa i Llobera para inaugurarlo justo antes de las elecciones municipales de 2011.

Junto al parque se encuentra el Hotel Miramar, anteriormente sede de los estudios de TVE. El Ayuntamiento de Barcelona ha vendido su paquete de acciones del 10% del hotel por un precio simbólico de un euro a la empresa Fincaflorida, propietaria del 90% restante a través de la empresa pública Barcelona de Serveis Municipals S.A. (BSM). Los munícipes tuvieron miedo, verdadero pánico, a que el negocio ruinoso que ellos promovieron les acabara por estallar ante el riesgo de quiebra de la sociedad, con una deuda de más de 70 millones de euros. Es un hotel de lujo a un paso del embargo, instalado en un edificio de propiedad municipal en régimen de concesión por 50 años. La complicidad del Ayuntamiento en este proyecto errático, lleno de irregularidades urbanísticas, denunciadas por parte de entidades vecinales por su altura y la usurpación de un pedazo de los jardines Forestier y de un antiguo camino, y luego la privatización del edificio sobre suelo de dominio público, evidencian la dilapidación del erario que practica Jordi Hereu. El coste para los barceloneses desde 2007 cuando fue inaugurado hasta ahora ha sido de más de 1,3 millones de euros por año entre pérdidas y créditos. Balance de nuestro Alcalde metido a hostelero: un negocio que ha requerido de grandes inversiones y que ha resultado ruinoso para los ciudadanos. Unos 10 millones de euros tirados a la basura.

La zona, además, sufre el acecho de la delincuencia que se ceba en los turistas, básicamente porque son los únicos que visitan el entorno y el transporte público casi no existe: el más cercano se encuentra en la Plaza Carlos Ibáñez, a unos 400 metros, con la línea 50 y el Bus Turístico. Los accesos que van desde el puerto a Miramar o del Paseo de Montjuïc a Miramar están en un penoso estado de abandono. Sumemos el derroche de los casi 7 millones de euros invertidos en la construcción del túnel de la carretera de Miramar, obra que ha provocado que el acceso al jardín y al resto del conjunto se haya convertido en más difícil.

En resumen, nos encontramos con que esta zona de Miramar, antaño tan conocida y querida por los barceloneses, ha quedado relegada a algo apartado -además de onerosa para los contribuyentes- y convertida en el patio trasero de Barcelona.

Nico Ortiz

El pasado 13 de diciembre, después de presiones por parte de la Generalitat, se inauguraba con grandes alardes la Línea 9 de Metro (tramo Can Zam – Can Peixauet), «la primera línea de Metro automática del Estado Español», según reza la terminología oficial que gusta de usar la perífrasis creada por Franco para denominar a España.

La línea, según directivos de TMB, aún no estaba preparada para su explotación comercial, y las presiones políticas han obligado a grandes esfuerzos de última hora. Como ejemplo, citemos el parón que sufrió el tren que llevaba a los políticos durante la inauguración y que hubo de ser retirado, el corte que sufrió la línea un par de días después de su puesta en marcha, las nuevas interrupciones del servicio los días 29 y 30 de diciembre o las goteras en diversas estaciones sobre las que informaba El Periódico de Catalunya (25-12-09, leer) que demuestran la premura de su inauguración.

Más ejemplos de improvisación o desajustes: la información entregada a los usuarios el día de la inauguración, donde aparecían indistintamente el 12 y el 13 de diciembre como fecha de la puesta en marcha. O la inexistencia de la recién nacida línea en los planos de Metro existentes en las estaciones de otras líneas, ni en los trenes de la propia línea.

El primer tramo transcurre por Santa Coloma, un municipio que recientemente ha saltado a los medios de comunicación por los casos de corrupción urbanística. Las obras comenzaron en 2003; la tardanza de la puesta en marcha llegó al punto de colmar la paciencia de los vecinos y la Generalitat puso como fecha máxima para iniciar la explotación comercial el día 21 de diciembre, cual premio gordo de la Lotería de Navidad. La inauguración, por cierto, significó la presentación de la nueva alcaldesa elegida por los partidos políticos del consistorio; recuérdese que la población reclamó la disolución del gobierno municipal y la constitución de una gestora al frente del Ayuntamiento, petición razonable dado que la justicia deberá determinar quiénes, dentro del Ayuntamiento, estuvieron implicados en la trama corrupta.

La línea 9 tiene una concepción innovadora, eso no lo discute nadie. Originariamente la intención de la Generalitat era que los ascensores descendiesen en el momento de la llegada de los trenes, y el descenso fuese automático con un número mínimo de viajeros, así como que la línea contara con estaciones y trenes completamente automatizados; se contemplaba también la eliminación de escaleras de acceso a los andenes, aunque existentes y utilizables solo en caso de emergencia.

Pero finalmente, y ante las deficiencias de última hora que presentaba la obra, se decidió que los ascensores actuasen según la demanda de los usuarios, los convoyes cuentan con personal embarcado, tratando con ello controlar los trenes y eliminar la sensación de soledad. La primera semana la sensación de desamparo no era tal, ya que cada estación contaba con dos informadores externos que han desaparecido, quedando actualmente el empleado de Metro en algunos trenes, o el jefe de estación encerrado en su garita de “Punt de Control”.

El acceso a las estaciones, se efectúa desde un único punto, donde se sitúa el “Punt de Control”; en este punto convergen las diferentes bocas de entrada, bocas que solamente disponen de una escalera mecánica cada una, a parte de las escaleras de obra, y el correspondiente ascensor desde la calle, uno por estación.

Los ascensores son el único medio de acceso a los andenes. Los hay de dos tipos: para usuarios no PMR (Persona de Movilidad Reducida), situados al fondo de los vestíbulos y de gran capacidad, con entrada delantera y parada entre los dos andenes, y salida trasera, lo cual obliga a dar la vuelta al tambor y subir o bajar escaleras para acceder a los trenes; y los ascensores reservados para PMR, dos por estación, con parada en los dos andenes, y al mismo nivel que éstos.

Los andenes, por el lado de la vía, son cerrados y cuentan con puertas que abren automáticamente a la parada del tren; por el otro lado, la forma curvada de las paredes hace imposible el recostarse en la pared con la espalda derecha, y también obliga a curvar la espalda en sedestación sobre los bancos; también los invidentes tiene problemas con esta forma curvada que les hace chocar con ella antes de detectarla. Los andenes tienen solamente un acceso, lo que obliga al flujo de viajeros a acceder y abandonar la instalación por un único punto; sin duda esto provocará sensación de agobio e inseguridad en casos de aglomeraciones (que es previsible que se produzcan en horas punta según se incrementen el número de estaciones) y no digamos en caso de evacuación por emergencia. La señalización de los andenes y la estación está, en esta primera línea que inaugura el Tripartito, únicamente en catalán; solo el horario de apertura, el plafón de “Bon Viatge”, y el plano de la red están en las dos lenguas oficiales.

La información sobre la frecuencia de los trenes, está disponible en tres monitores por estación situados sobre las puertas de acceso al tren, esto es, paralelos a la vía, por lo que al llegar al andén no se ve una información importante para el usuario: el tiempo de espera.

La velocidad comercial de los convoyes es muy buena: en 7 minutos recorren las 5 estaciones de la línea; es deseable que a medidaque se vayan produciendo ampliaciones la línea pueda mantener dicha velocidad y no ocurra como en las líneas 1, 2, 3 y 5 de Metro donde los tiempos de viaje han aumentado de forma escandalosa en los últimos tiempos.

En resumen, tenemos en la inauguración de la línea 9 otro ejemplo de la improvisación de la Generalitat a través de su archiconocida empresa pública GISA. La línea 9 es una infraestructura histórica de primer orden, imprescindible para la movilidad del área metropolitana, pero su puesta en marcha se ha producido antes de tiempo por cálculos políticos y claves nacionalistas (como no usar el castellano en las estaciones de la línea y la eliminación del mismo en las estaciones de Metro que han renovado señalética). Recordemos las muestras de ineptitud ferroviaria en la red de FGC, como el aumento de paradas a 28 en los trenes de la línea de Igualada o a 29 en la línea de Manresa, con la excusa de la introducción del Metro del Baix Llobregat. O temas de dignitat nacional como la Línea de La Pobla de Segur donde lo único que ha hecho la Generalitat es renovar la vía, ya que los trenes siguen siendo de RENFE y las estaciones ya las renovó RENFE. O la ahora transferida gestión de Cercanías, donde la Generalitat ejercerá de oficina administrativa que decidirá el operador y los horarios; no ocultan que su idea inicial es explotar la red de Cercanías como un Metro, con el subsiguiente aumento de paradas y el tiempo de viaje, como en el caso del citado Metro del Baix Llobregat. Eso sí, el personal también se ha transferido, que por lo que llevamos visto ya desde el pujolismo, es lo que mueve la voluntad descentralizadora de la Generalitat (nóminas que llegan de papá Estado y que durante unos días producen réditos en una cuenta bancaria y ciudadanos a los que exigirles gangsterilmente el nivel C de catalán con sus cursos y derechos de examen para seguir manteniendo los pesebres de quienes viven de ello).

Y el Tripartito aspira a la transferencia de la gestión del Aeropuerto del Prat donde la Generalitat propone optar por la gestión privada: además de cargarse la unidad de la gestión estatal aeroportuaria peligraría la seguridad laboral de unos trabajadores que pasarían de ser funcionarios a empleados de una empresa privada.

Línea 9: más de lo mismo y lo que nos queda por ver.

José Luis Sánchez

Ciutadans-Partido de la Ciudadanía (C’s) pedirá al conseller Nadal explicaciones por su silencio ante las denuncias presentadas en su Departamento por los vecinos del Parque Joan Miró de Barcelona. Los vecinos han denunciado la construcción ilegal del Parque “provisional” de Bomberos en dicha plaza y solicitan el cumplimiento de la Ley de Urbanismo, que exige la suspensión inmediata de la obra y la restitución del espacio como parque público.

 El Cuartel de Bomberos “provisional” de 2.500 m2 construidos, ocupa 2.000 m2 de un terreno que en el Plan General Metropolitano está calificado de parque urbano, en el que se prohibe expresamente cualquier otro uso que no esté especialmente previsto en un Plan Especial, limitando la superficie máxima de ocupación de estos usos a un 5% de la superficie del parque, porcentaje prácticamente agotado por la biblioteca y el pabellón deportivo existentes. 

El Ayuntamiento de Barcelona sostiene que el Cuartel de Bomberos en el Parque Joan Miró es provisional, pero la realidad de las obras ejecutadas no se corresponden con la definición de Obras Provisionales que establece la Ley de Urbanismo, cuando se refiere a obras mínimas que sean imprescindibles y fácilmente desmontables, como son las carpas provisionales de los mercados. Véanse las fotografías que hemos tomado. 

Para sumar más irregularidades a la obra, los vecinos denuncian que el edificio con un coste de 3 millones de euros, ha sido adjudicado a la empresa FCC Construcción S.A., a través del Hospital Clínico, sin que la responsable de la concesión de la licencia haya acreditado en ningún momento el cumplimiento de la Ley de Contratos del Sector Público, que establece la obligación de someter a publicidad y licitación la adjudicación de cualquier obra pública.

C’s apoya las reivindicaciones de este movimiento vecinal en el distrito barcelonés de Eixample. Desde C’s seguiremos defendiendo -hasta ahora, en solitario- el necesario cumplimiento de las leyes por parte de las administraciones públicas y el establecimiento de mecanismos transparentes de adjudicación de las obras públicas que eviten la corrupción.

Federación de Barcelona (Ciudad) - Área de Política Municipal

Seguramente los medios de propaganda del Ayuntamiento de Barcelona no difundirán el estudio realizado por la revista Consumer Eroski en el que se compara la calidad de las calles peatonales de 18 capitales españolas.

El motivo es que los resultados del estudio contradicen el discurso oficial sobre la excelencia de la calidad urbana que con tanto esmero se esfuerza en promover la alcaldía mediante costosas campañas publicitarias.

Dicho estudio sitúa a Barcelona entre los cuatro últimos puestos. Barcelona suspende en ocupación de la vía pública y en calidad del mobiliario urbano. La permisividad del horario de carga y descarga es excesiva; la dotación de bancos, árboles y papeleras, insuficiente, y la limpieza y el mantenimiento de las calles, muy deficiente. Las calles de Barcelona son las más sucias, con el pavimento cubierto con abundantes papeles, colillas, basura tirada fuera de las papeleras, baldosas sueltas o con agujeros y deterioros debidos a actos vandálicos. Ésta es una realidad que conocen bien los sufridos habitantes de Barcelona, pero que suele ser ignorada por el consistorio. La mejor prueba de la pasividad de la administración es que en cinco años, el estado de las calles peatonales apenas ha variado. Las conclusiones del citado estudio reflejan una realidad más profunda: el Ayuntamiento de Barcelona lleva años equivocando sus prioridades y se muestra cada vez más alejado de la realidad. Su gestión es errática y contradictoria. No se entiende que al mismo tiempo que plantea una costosísima reforma de la Diagonal, promueva un plan que empeorará la congestión urbana, permitiendo la construcción de más de 1.000 viviendas en terrenos próximos al Miniestadi; o que esté gestionando la desaparición de siete hectáreas de estos mismos terrenos destinados a equipamientos en una zona que el nuevo plan territorial califica precisamente como área especial de equipamientos. Es evidente que estas actuaciones son incoherentes y no responden a una idea global de ciudad. Más ejemplos: en Vallvidrera están talando árboles para abrir un nuevo camino peatonal a través del parque de Collserola, mientras las calles del próximo barrio de la Budellera permanecen sin pavimentar y sin alcantarillado. Los árboles casi centenarios de la plaza Folguera desaparecerán porque los responsables municipales no han encontrado un sitio más apropiado para acumular materiales durante las obras de excavación de la línea 9. El caso de la plaza de Joan Miró es especialmente grave. Aquí el Ayuntamiento ha construido un edificio, burlando la normativa urbanística que prohíbe edificar en el interior de la plaza. Estas obras no sólo son ilegales, sino que constituyen un atentado urbano contra la ciudad y sus habitantes porque se producen en el distrito más densamente poblado y con menos zonas verdes de la ciudad. Hay que recordar que el Ensanche tiene una tasa de 1,9 metros cuadrados de zonas verdes, es decir, plazas y jardines por habitante, cuando la media que recomienda la Organización Mundial de la Salud está en los 15 metros cuadrados por habitante. Es incomprensible que en una ciudad hiperdensificada se ocupe una plaza para construir un cuartel de bomberos.

Catalina Serra enunciaba en su artículo “La gran excusa Cerdá” (El País, 26-9-2009: leer) la teoría del abandono por parte de Barcelona de un urbanismo basado en la defensa del proyecto arquitectónico en favor del plan urbanístico. La realidad es que actualmente en Barcelona no hay ni proyecto ni plan. Las actuaciones urbanísticas son incoherentes y no están basadas en ningún planteamiento de futuro para la ciudad ni de utilidad pública. Dependen exclusivamente de la conveniencia política y del beneficio económico a corto plazo. El mayor símbolo de la banalidad de estas actuaciones podría ser la próxima restitución de las cuatro columnas de Puig i Cadafalch (el arquitecto que se dedicaba a quemar los libros de Ildefonso Cerdá) a un coste de dos millones de euros. Esto ocurrirá en un año en que se incrementará el déficit para mantener los servicios sociales. Un ayuntamiento que tira así el dinero tiene poca fuerza moral para exigir una mejor financiación al Estado.

Barcelona se llena de símbolos pero es cada vez más inhabitable. La descentralización administrativa en Consejos de Distrito y de Barrio parece no tener otro fin que alejar a los ciudadanos del centro de poder municipal, que es donde se toman las decisiones importantes. Las asociaciones oficiales, esclavas de la cultura de la subvención, se han convertido en instrumentos inútiles de movilización ciudadana. Lejos del escrutinio de los ciudadanos y desactivadas las asociaciones, el alcalde Hereu puede seguir emitiendo propaganda a través de su blog de trescientos mil euros, asesorado por Enric Casas, responsable de comunicación e imagen, a quien ha convertido en su número dos. El único plan del gobierno municipal de Barcelona consiste, por lo que se ve, en mantener la ficción de una Barcelona de ciudadanos felices y encantados de vivir en la mejor de las ciudades posibles (estos días se relanza la campaña ViscaBarcelona), en proyectar una imagen de Barcelona que nada tiene que ver con la realidad.

Koldo Blanco es Subsecretario de Acción Política de C’s y Responsable del Área de Acción Política de la Federación de Barcelona-ciudad

Ciutadans-Partido de la Ciudadanía (C’s) participó el sábado día 12 de diciembre en la protesta vecinal, organizada por la Coordinadora de Asociaciones de Vecinos y Entidades de Les Corts, contra la recalificación del Miniestadi en el distrito de Les Corts. Una caravana de coches y unos 500 ciudadanos recorrieron desde la calle Arístides Maillol hasta la plaza Comas, bajo consignas como “Recapacitad” o “No a las recalificaciones” con fotografías de Hereu y Laporta.

De esta forma, C´s ha respaldado una vez más (ver) a los vecinos de este distrito barcelonés en su reivindicación de un barrio con equipamientos suficientes y no masificado por las viviendas que desea construir una entidad privada. El proyecto del acuerdo entre Hereu y Laporta contempla 1.600 viviendas, un centro comercial y un hotel.

C’s, que ha apoyado las reivindicaciones de los vecinos de Les Corts desde la manifestación del 9 de diciembre de 2008 (leer), no dejará de denunciar un proceso que el Ayuntamiento ha llevado de espaldas a los vecinos de un distrito de Barcelona que desde hace décadas padece ya muchos inconvenientes derivados, entre otros, del F. C. Barcelona o de la Zona Universitaria.

Federación de Barcelona (ciudad) – Área de Política Municipal

El próximo jueves 3 de Diciembre se celebra el Día Internacional de las Personas con Discapacidades. La celebración anual tiene por objeto sensibilizar a la opinión pública sobre las cuestiones relacionadas con la discapacidad y movilizar el apoyo a la dignidad, los derechos y el bienestar de las personas con discapacidad.  El tema para el año 2009 es “Por unos Objetivos de Desarrollo del Milenio inclusivos: Empoderamiento de las Personas con Discapacidad y sus comunidades alrededor del mundo”. Se basa en la meta de que las personas con discapacidad gocen de sus derechos humanos plenamente y en igualdad de condiciones y su participación plena y efectiva en la sociedad, establecido por el Programa de Acción Mundial para las Personas con Discapacidad, aprobado por la Asamblea General en 1982.El concepto de empoderamiento, que se ha convertido en el paradigma de las teorías del desarrollo, se utiliza en el contexto de la ayuda al desarrollo económico y social para hacer referencia a la necesidad de que las personas objeto de la acción de desarrollo se fortalezcan en su capacidad de controlar su propia vida. Un proceso político en el que se garantizan los derechos humanos y justicia social a un grupo marginado de la sociedad. Sólo se logra un cambio significativo en el desarrollo de las sociedades si se cuestionan directamente los patrones de poder existentes. De ahí que la situación de este colectivo en España sigue apostando por la reivindicación y la postura de fuerza ante la Administración. Se promueve la toma de conciencia social sobre las ganancias que se derivarían de la integración completa de las personas con discapacidad en todos los aspectos de la vida política, social, económica y cultural. La reciente sentencia del Tribunal Supremo y que sienta jurisprudencia, en la que se da la razón a una trabajadora del Instituto Guttman para compatibilizar su pensión de gran invalidez con su trabajo, permite recobrar esperanzas de que este colectivo pase de ser un grupo pasivo de la sociedad, a un actor activo y legítimo y que sea contribuyente neto a la Seguridad Social. Pero para ello, se han de poner todos los mecanismos necesarios al alcance de las personas con discapacidad para que logren esa integración. De ahí la importancia de conseguir una accesibilidad universal y desapercibida de la que todos nos beneficiamos y de la que aún nos queda tanto por recorrer, a pesar que la legislación ya está aprobada. O el gran fracaso de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal que ha quedado como un simple parche en el objetivo de la asistencia personal autogestionada o “vida independiente”, en que las personas con diversidad funcional puedan tener el control sobre sus vidas, puedan acceder a las mismas oportunidades y enfrentarse a las mismas elecciones en la vida diaria, de la misma manera que las personas sin diversidad funcional tienen estos hechos garantizados. Las personas funcionalmente diversas tienen derecho a pensar y hablar por sí mismas sin la interferencia de otros.  

Si la voluntad política puede parecer que existe, los recursos faltan. Y es que legislar sin presupuesto no sirve de nada. La financiación es otro de los grandes déficits con los que se encuentran muchas entidades de discapacitados. Es importante que estas entidades que prestan servicios tengan los recursos adecuados, y ahora estamos en una situación delicada ya que algunas de ellas han dejado de recibir ayudas. Casi todo depende de las prioridades políticas y mientras la ley dictamina que una empresa con más de 50 trabajadores debe tener un 2 por ciento de empleados discapacitados, ni siquiera la propia administración lo cumple.

Nico Ortiz

Ciutadans intervino en la Audiencia  Pública sobre presupuestos 2010 del Ayuntamiento de Barcelona Ciutadans-Partido de la Ciudadanía (C’s) intervino en la Audiencia Pública de Presupuestos y Ordenanzas Fiscales para el año 2010 del Ayuntamiento de Barcelona que se celebró en el Centre Cívic Fort Pienc el pasado miércoles 25 de noviembre. Tras la intervención del Teniente de Alcalde de Hacienda y Tasación, Jordi Willims Carnes, en la que explicó las líneas generales de los presupuestos y fiscalidad del 2010, en el turno de palabras intervino como portavoz de C’s el responsable de Acción Política de la Federación de Barcelona-ciudad, Koldo Blanco. C’s denunció nuevamente la falta de rigor y austeridad del presupuesto para el próximo año, así como el pésimo estado de Barcelona en temas como la seguridad ciudadana y la limpieza de la vía publica. C’s incidió una vez más sobre los gastos excesivos en propaganda de autobombo del gobierno municipal y el descomunal aumento anual en dietas y contratación de personal de libre designación, mientras disminuyen fondos para la subvención de rehabilitación de edificios o la promoción de la actividad económica en tiempos de crisis económica. C’s criticó la disminución de las aportaciones a la Agencia del Paisaje Urbano. El dinero destinado en el 2009 a subvencionar las obras de rehabilitación no ha sido suficiente para satisfacer todas las peticiones de comunidades de vecinos, y es un medio importante para reactivar la actividad económica en un momento en que el sector de la construcción está pasando por graves dificultades. Koldo Blanco reclamó unos presupuestos más adaptados a las necesidades reales de los ciudadanos de Barcelona ya que, según dijo, «existen muchas carencias en los servicios que ofrece la ciudad». C’s considera insuficiente, por ejemplo, la inversión del Ayuntamiento en limpieza de calles y en seguridad: «Barcelona continúa siendo una ciudad muy sucia comparada con otras ciudades españolas y sigue muy lejos de alcanzar la ratio de 4,5 policías por cada 1.000 habitantes, cifra recomendada por la Unión Europea» y que C’s reclamaba como una prioridad para nuestra ciudad en el porgrama electoral municipal del 2007. Mientras muchas necesidades están sin cubrirse, C’s considera que el Ayuntamiento sigue gastando demasiado dinero en otros capítulos que no son prioritarios. Así, C’s ha denunciado que el incremento en los incentivos laborales haya experimentado un incremento de un 20% y las dietas de un 200% respecto a 2008. Otros gastos que C’s considera excesivos son los de protocolo, que se incrementa en un 40%, con 3 millones de euros, y promoción de la ciudad, de un 30%, con 12 millones de euros. El gasto en publicidad (que engloba la propaganda laudatoria hacia el gobierno municipal y sus partidos políticos) y estudios, que se eleva a 14 millones de euros.Por otra parte, C’s considera una decisión cuanto menos imprudente del Ayuntamiento, que se haya encargado las auditorias de los ejercicios 2009 a 2011 a una unión temporal de empresas, una de las cuales, Gabinete Técnico de Auditoria y Consultoría, fue la que auditó las cuentas de la fundación Palau de la Música-Orfeó Catalá entre 2001 y 2008, y otra de ellas vinculada al escándalo de Unión de Explosivos Río Tinto.En resumen, C’s reclamó mayor austeridad al Ayuntamiento (que no deja de endeudarse  y aumentar la presión fiscal sobre los ciudadanos) en aquellos conceptos que no son prioritarios, y un mayor esfuerzo en mejorar la limpieza de la vía pública, la seguridad, la actividad económica y los servicios sociales.

Área de Política Municipal de la Federación de Barcelona (ciudad)

El 31 de marzo del año en curso [2009] un grupo de estudiantes escenificó ante la sede del Parlamento de Cataluña un juicio al Consejero de Interior, Relaciones Institucionales y Participación Ciudadana del gobierno catalán, Joan Saura (IC-V), mientras dentro de la cámara catalana dicho prócer del Tripartito explicaba el operativo de la intervención de los mossos d’esquadra relacionado con el desalojo de los estudiantes-okupas de la Universidad de Barcelona, intervención que ya debe contar con estudios entre la bibliografía especializada porque, entre otros particulares, se caracterizó porque la cifra de mossos (de la llamada brigada mòbil o antidisturbios con la preparación y equipamiento que se les presupone) que resultaron heridos multiplicaba por diez la de contusionados no policiales (muchos de ellos ni siquiera okupas o manifestantes, sino periodistas o viandantes), dato, tan objetivo como la fiebre o la presión arterial, que pone en evidencia que, dada la “preparación” de la policía autonómica catalana, desplegarla en algunas funciones en sustitución de la Policía Nacional fue una decisión prematura y, el tiempo y los hechos han demostrado, una temeridad. Comentario parejo merecerían, bien el despliegue precipitado de los mossos como policía de tráfico en diciembre de 2000 en sustitución de la Guardia Civil (indagado por aquel entonces el motivo por el que varios de los nuevos agentes fueran atropellados en los arcenes de carreteras y autopistas, se hallaba, como primera evidencia, el siguiente detalle: la formación en la Academia de Tráfico de la Guardia Civil duraba un año, mientras que la propedéutica preparación de los mossos destinados a ejercer las mismas funciones en el Principado era de tres meses; no es un juicio de valor o falta de sentimiento nacionalista: son nueve meses de diferencia), bien su despliegue en la ciudad de Barcelona en noviembre de 2005 sustituyendo con falta de medios, preparación y, sobretodo, efectivos a la Policía Nacional. Quien viva o tenga un comercio en la Ciudad Condal ya sabe a lo que me refiero. La prensa barcelonesa informó que el “tribunal” de estudiantes-actores declaró a Saura “culpable” en aquella escenificación que, si ontológicamente era preocupante, artísticamente era inferior a cualquier happening de los 60.
En el artículo que Francesc de Carreras publicó en La Vanguardia por aquellos días invitaba a reflexionar sobre la formación y los valores recibidos por una generación de estudiantes que durante semanas chantajean con un acto de fuerza a un rector que tolera la ocupación del recinto universitario por miedo a ser calificado de represor (enésimo complejo de etiología antifranquista; recuérdese cuando en la segunda mitad de los años 70, las juntas directivas de los institutos de bachillerato, copadas por profesores militantes del PSUC, eliminaron las tarimas de las aulas por considerarlas simbólicamente autoritarias: obviamente el tercio inferior de la pizarra se convirtió en inutilizable). En gran medida, la explicación de que el juicio-happening a Saura tuviera lugar está contenida en aquellas reflexiones sobre la batasunización de una generación diseñada a conciencia en despachos y aulas.
La escenificación de un falso juicio es siniestra y sólo quien desprecia los poderes que emanan del pueblo en una democracia puede concebir una pantomima de tan tétrico significado. Atribuyo a su carga denotativa el que la escenificación de un falso juicio, esto es, realizar una parte o un todo de un proceso ilegítimo que imite la liturgia de la justicia, sea siempre siniestra. Por un lado, evoca los tribunales de excepción que toda constitución democrática prohibe; por otro, alude al mayor de los temores que puede sentir un hombre: si quien juzga no es un verdadero juez, nada garantiza que un hombre inocente no sea declarado culpable.
Quien odia la democracia y todos los poderes del Estado porque cree que ponen límites a la tentación de la tiranía gusta de suplantar a los jueces y escenificar procesos judiciales. No olvidemos el largo “proceso proletario” al que las Brigadas Rojas sometieron a Aldo Moro en su cautiverio. Aquella condena a muerte que recayó sobre el presidente de la Democracia Cristiana italiana por parte de los terroristas que durante el secuestro escenificaron un tribunal (que en sus comunicados decía representar al “proletariado”) acabó con la frivolidad o quitó la venda ante los ojos de varias generaciones que consideraban que los modelos de Albania y Rumanía debían reemplazar a las democracias tuteladas por Estados Unidos desde las postguerra. No me pasó desapercibido que tras la ejecución de Aldo Moro las librerías de lance se llenaran de los tomos, digamos ya inermes, de Marx y Lenin y, con el retraso con el que en España se vivían las cosas, Jorge Herralde puso fin a varias colecciones de ensayo y se forró con la narrativa.
En M (1931) de Fritz Lang el hampa ve perturbada su actividad porque la policía ha incrementado la presión sobre los bajos fondos para detener a un asesino de niños. El criminal, acosado, teme más ser atrapado por los delincuentes que por las fuerzas policiales del Estado. Al final, una vez capturado, es juzgado por el hampa en una fábrica abandonada. El miedo de quien es juzgado por un falso tribunal se refleja en el rostro de Peter Lorre, quien suda copiosamente como Marlon Brando en el Julio César de Mankiewickz.
Ingmar Bergman comenzó a hablar de que preparaba una película “de terror” cuando escribía el guión (y todavía usó los mismos términos durante el rodaje) de El huevo de la serpiente (1977), título evocador de los versos del Julio César de Shakespeare en los que Bruto propone impedir la incubación de un tirano. Se refería Bergman a su nuevo guión como “la película más terrorífica que alguien pueda imaginar”. El creador sueco no era exacto: su película, que se desarrolla en Berlín durante ocho días de noviembre de 1923, refleja cómo un pueblo incuba un régimen totalitario es “sobre el terror” no “de terror” o “terrorífica”. En efecto, los protagonistas no son Liv Ullman y David Carradine, sino el miedo que invade la vida cotidiana ante el avance de una ideología perturbadora, el nazismo, que está presente en una sociedad perturbada: miedo a hablar con desconocidos, humillaciones, amenazas, atmósferas sórdidas y asfixiantes, agresiones. En definitiva, el ambiente que se vive en Cataluña desde 1980. Quien haya visto que se le cierran puertas, se le coacciona por motivos políticos camuflados de lingüísticos, se le insulta y agrede por no seguir determinadas consignas, quien evita hablar de política con familiares o vecinos, quien debe esconder su parecer de que el Estatut es inconstitucional de la cruz a la raya, también aquí sabe a lo que me refiero.
Alfonso Guerra y Jordi Pujol no podían disimular su inquina hacia la separación de poderes. El primero dijo aquello de “Montesquieu está enterrado hace muchos años”. El segundo, en sus años de Gran Timonel de Cataluña, fue el mejor ventrílocuo ibérico, el único que hacía pestañear al bizarro José Luis Moreno; inolvidable su maestría de hablar con ponderada voz de “moderado” que alternaba eruptando frases de este tipo: “si los políticos nos tenemos que someter a unas elecciones cada cuatro años, ¿por qué no los jueces?” Así habló Pujol sin que nadie en los periódicos sin periodismo de Cataluña se molestara en escribir una sola línea sobre el curioso modelo de Estado que ese Presidente de Cataluña tenía en su cabeza. Y no sólo el modelo de Estado: en su megaencéfalo tenía también como modelo de prensa el de Corea del Norte, como modelo de sistema de pensiones el de los países árabes (“deben ser los hijos quienes mantengan económicamente a los padres en su vejez” -dixit), etc. De aquel deseo de que el poder legislativo y el poder ejecutivo pudieran mover los hilos de todo vienen estos lodos, como, por ejemplo, el sistema de elección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y el de los miembros del Tribunal Constitucional (TC): si uno se pone a contar, verá que el 90% de sus composiciones salen de la suma de las designaciones del legislativo y el ejecutivo (hagan el cálculo; no lleva ni tres minutos). Entre 1982-1996 y 1980-2003, a Alfonso Guerra y a Jordi Pujol, respectivamente, no se les escapaba una. El sevillano, sin ir más lejos, llegó a jactarse de que se enteraba cuando “se mueve un papel” en la sede del PP. ¿Se le iba a pasar por alto cubrir con más capas de tierra a Montesquieu?
Y la actualidad permite dotar de cierta estructura de ritornello a estas líneas. A los pocos días de que TV3 en su programa Ágora nos explicara que en Italia la mayoría berlusconiana cuestiona la legitimidad del Tribunal Constitucional italiano para pronunciarse sobre la constitucionalidad de las leyes, Joan Saura, primero en unas declaraciones, ha puesto en entredicho que en España sea un tribunal, el Constitucional, quien deba establecer si las leyes se ajustan a la Constitución Española; después, en una conferencia, ha dicho que todos los miembros del TC deben dimitir por su “incapacidad” en el ejercicio de sus funciones y la demora en dictar la sentencia sobre el Estatut; además, afirmó, de porque se han producido muchas “interferencias”. ¿Quién ha pretendido interferir en mayor medida que el Cuatripartito cacareando permanentemente que el Tribunal Constitucional “ya no está legitimado” para determinar si el Estatut se ajusta o no a la Constitución? ¿Quién está legitimado entonces? ¿Alguien duda sobre cuál sería el resultado de un referendum sobre la pena de muerte? Memorable la frase de Carod, ¿recuerdan?: “el pueblo ha decidido y lo que el pueblo ha decidido ningún tribunal puede echarlo atrás.” ¡Dimitir los miembros del TC por incapacidad y demora en emitir la sentencia! ¿Ha dimitido Joan Saura, Consejero de Participación Ciudadana desde 2003, porque la participación electoral en Cataluña no ha dejado de descender desde que contamos con un Consejero dedicado a ello? Comparemos la “participación ciudadana” en Cataluña en las dos últimas convocatorias electorales de cada ámbito: Autonómicas 2003 (antes de Saura): 63,4%; Autonómicas 2006: 56,77%. Generales 2004: 75,96%; Generales 2008: 70,93%. Municipales 2003 (antes de Saura): 61,48%; Municipales 2007: 53,88%. Europeas 2004: 39,8%; Europeas 2009; 36,94%.
¿Ha dimitido Joan Saura, Consejero de Interior desde 2006, porque Barcelona no tiene la ratio de 4,5 policias por cada 1.000 habitantes que establece la Unión Europea y que el Parlamento de Cataluña en 2002 se comprometió a alcanzar? A Barcelona le faltan 2.000 agentes entre mossos y policía local para alcanzar tal cuota de seguridad ciudadana.
Pues éste es el que pide la dimisión de los miembros del Tribunal Constitucional por “incompetencia”.
Pero es el Presidente de la Generalitat, José Montilla, aunque simule en ocasiones desmarcarse, según toca, de los demás partidos del Pacto del Tinell, quien marca la estrategia de intimidación, coacción y amenazas al Tribunal Constitucional en particular y al Estado en general. Hace unos meses Montilla, en respuesta en El País a un artículo de Felipe González, amenazaba con las consecuencias que pudiera tener la sentencia del TC sobre el Estatut cuatripartito, consecuencias que el ciudadano cordobés uterino pero político nacionalista in vitro (del laboratorio pujol-maragallista) resumía en dos: la cacareada “desafección” de Cataluña hacia España (como si dicha “desafección” preocupara a alguien al Oeste del Ebro robándole el sueño o quitándole el apetito), y, por otra, la posible creación en Cataluña, escribía, de un partido como la lombarda Lega Nord. Montilla, que como ese amigo mío que cuanto más ignora sobre aquello de lo que habla con más énfasis y ardor perora, no debe saber que el partido liderado por Umberto Bossi, interesante para cualquier semiólogo por su fidelidad a la simbología y discursos nazis, ya existe en Cataluña: es la Casa Gran de CiU y ERC en la que allí donde los de Bossi dicen Roma nos expolia, éstos dicen Madrid; donde aquéllos dicen el Sur vive a nuestra costa, éstos repiten lo mismo. En esa Casa Gran no se sabe bien si PSC y IC-V son del todo tontos (dudo yo que den puntada sin hilo), pero ciertamente son bastante útiles.
Montilla continuó después con la estrategia intimidatoria haciendo unas declaraciones en las que afirmaba que el Estatut era “no sólo una ley orgánica, sino un pacto político”. Y añadió (aquí es inevitable pensar en la imagen del beodo que desde la barra del bar amenaza a cuantos están en el local): “los pactos políticos no los pueden tumbar los tribunales”, lo que viene a significar que los partidos políticos de una cámara legislativa o de un gobierno ejecutivo pueden pactar e instaurar mañana mismo el empalamiento por ley, decreto u orden sin que lo pueda “tumbar” el poder judicial en base a las leyes vigentes de superior jerarquía normativa si aquello fuera resultado de “un pacto político”. Es la manera en que los Montilla y Benach (personaje este último que estaría ganando “mil puñeteros euros” si estuviera barriendo en Reus y no estuviera en situación administrativa de servicios especiales con posibilidad de tunerase el “buga”) entienden que debe ejercerse el poder político y la administración pública. El primer ejercicio, el de la acción política, emana de la tradición que se remonta a la IIª República y tan buen resultado dió especialmente a Jordi Pujol: usar metonímicamente el nombre de Cataluña y recordar, cual el gorila que se golpea el pecho para recordar que él y no otro manda en el grupo, quién va a imponer el modelo de Estado para llevar a cabo el reaccionario ensueño de Prat de la Riba o Torres y Bages. El segundo ejercicio, deriva de su concepción de la Administración Publica; como muchos de ellos se criaron dando patadas a un balón nadie les pudo enseñar, por ejemplo, que es nulo de pleno derecho el acto administrativo contrario a las leyes; o el “que contenga imposibles”. Basta con que las tropelías administrativas no trasciendan y se tenga habilidad en la práctica del clientelismo y la compra de silencios. Lo decía en privado un letrado de los servicios jurídicos de la Generalitat desde 1980: “Si cualquier gobierno central hubiera querido, nos mandan un abogado del Estado a revisar decretos y órdenes y desmantela la Generalitat en cuatro días.” Y tal es el temor que el Cuatripartito no ha dejado de manifestar: ¿qué ocurrirá con las leyes y decretos emanados de un Estatut cuya constitucionalidad estaba pendiente de determinar por el órgano del Estado al que corresponde? No es difícil imaginar que intentarán movilizar al 35,78% de votantes del sí al Estatut maragallista (cifra tan vergonzante que el Cuatripartito y los medios de comunicación falderos convierten en “el 85% del Parlamento de Cataluña”) a los que sumarán a los fieles batasunizados (menores de 18 años en el 2006) con el fin de reclamar la soberanía de Cataluña.
Y en cuanto las filtraciones sobre los debates en el seno del TC se han publicado en la prensa, reaparece Montilla nuevamente coaccionador y amenazante (con Artur Mas, Joan Ridao y Joan Herrera de palmeros; el líder de CiU ha declarado que tiene que establecerse ya una estrategía para el día después de lo que llaman “una sentencia negativa”; entiendo que Artur Mas considera que hasta ahora Montilla no ha hecho más que imitar el gesto de Oliver Hardy de subirse las bocamangas como si fuera a emprender una acción que jamás lleva a cabo; Ridao ha manifestado que la “sentencia negativa” abre la vía a la soberanía de Cataluña y Herrera, esa mente preclara, aporta como solución que si el Estatut no encaja jurídicamente en el Estado lo que habrá que cambiar es la Constitución, que, suponemos, es lo que él acostumbra a hacer cuando un sobre no cabe en el buzón: coger una sierra eléctrica). En efecto, Montilla, presidente de un ejecutivo autonómico, ha calificado de “temeridad” la sentencia “negativa” de un tribunal que tiene como única competencia determinar si las leyes se ajustan a la Constitución. Uno tenía entendido que era precisamente al revés: que son los jueces o los tribunales quienes pueden calificar de temerario a un demandante si sus pretensiones, con manifiesta mala fe, no se ajustan a derecho. Y de mala fe obraron el Parlamento de Cataluña, el Congreso y el Senado porque, de entrada, la Constitución no contempla que los Estatutos de las Comunidades Autónomas se comporten como un niño ante un escaparate de juguetes: pidiéndolo todo (darle una patada en la espinilla a la madre y quitarle el monedero ya entraría en las disposiciones finales).
En resumen, la llamada Transición española estará inacabada (perfectus significa en latín “acabado”) mientras no surjan generaciones de políticos que asuman la separación de poderes propuesta por Montesquieu como la mayor contribución de la teoría política a los estados que eligen la democracia como forma de gobierno. No hay mejor garantía que tal modelo para proteger a los ciudadanos de los políticos incubados en huevos de serpiente que pretenden reemplazar la separación de poderes por una especie de montessorismo político en el que los gobernantes puedan campar a su antojo por todos los poderes del Estado.

Antonio López

Cuando escribo estas líneas acabo de asistir a una concentración contra la corrupción organizada por la Federación de Asociaciones de Vecinos y Vecinas de Barcelona, la FAVB. Ciutadans-Partido de la Ciudadanía (C’s) fue invitado a asistir por una de las organizaciones convocantes, una plataforma transversal cuyo principal objetivo es impedir un nuevo atentado urbanístico en su distrito. Los representantes de esta organización son conscientes de la importancia de movilizar al mayor número de personas para lograr este objetivo, ya que tener una ciudad habitable es algo que interesa a todos los ciudadanos, independientemente de su adscripción ideológica. Lo mismo puede decirse de la lucha contra la corrupción: quienes roban dinero público están robando a todos los ciudadanos.

C’s, en todos sus programas electorales, ha incluido propuestas para combatir la corrupción política, como el desbloqueo de las listas electorales, la limitación de mandatos, la participación ciudadana en los planes urbanísticos y la defensa y mejora de los mecanismos de control. También hemos reclamado comisiones parlamentarias para investigar los casos de corrupción, a las que se han opuesto sistemáticamente los demás partidos. Es por este motivo que C’s decidió apoyar esta concentración. Sin embargo, lo que hemos oído en la plaza de Sant Jaume nos ha dejado un sabor amargo. Lo que debería haber sido una manifestación de todos los vecinos de Barcelona reclamando transparencia y ética política, algo en lo que cualquier ciudadano estaría de acuerdo, se ha convertido en una concentración antisistema, repleta de incoherencias.

No es razonable exigir el cumplimiento de la ley, al mismo tiempo que se sostiene que la ley solo defiende a los poderosos. Si así fuera, no habría manera de combatir legalmente la corrupción, que es lo que estos mismos oradores reclamaban. No es justo culpar a las democracias liberales de ser las responsables de la corrupción, cuando son estos sistemas los únicos que, mediante elecciones, libre información e independencia judicial, permiten que estos casos afloren y sean combatidos judicialmente, al mismo tiempo que sus responsables políticos puedan ser castigados en las urnas. No es coherente que organizaciones que dependen para su supervivencia de generosas subvenciones municipales y que dicen defender el interés general, se declaren antisistema.

Algún responsable de la FAVB debería preguntarse por qué una concentración contra la corrupción en Barcelona, en la que participaban 65 asociaciones, solo logró concentrar a unos pocos centenares de personas; por qué el movimiento asociativo está tan fragmentado y es tan poco eficaz. Quizá encuentre la respuesta en la propia dependencia institucional de muchas de estas asociaciones, y en su radicalismo político. Un movimiento que no sea transversal, que no esté dispuesto a integrar a todas las personas dispuestas a trabajar por una meta común, como la mejora de la calidad de vida en nuestras ciudades o la lucha contra la corrupción, difícilmente conseguirá sus objetivos, ni llegará nunca a representar a un porcentaje significativo de la población. Las asociaciones de vecinos se habrán convertido en un arma más de lucha política, ya lo están siendo en buena medida, pero no estarán defendiendo el interés general.

Koldo Blanco

Ilustración: © Andrea Rauch para Le Avventure di Pinocchio (Milano, Nuages, 2006).

No podíamos dejar de denunciar el caos provocado por la implantación del nuevo sistema de recogida de basuras en Barcelona. Los dos nuevos contenedores (basura orgánica y residuos no reutilizables) se han instalado sin que previamente los ciudadanos hubieran recibido información suficiente sobre su uso, mientras que se han retirado los tradicionales contenedores de algunos materiales reciclables y sin que en muchas zonas se hayan reemplazado por unos nuevos. La falta de información y la imprevisión ha provocado una situación caótica, con acumulación de basuras fuera de los contenedores y una mala utilización de los mismos. 

Consideramos que el Ayuntamiento debiera haber previsto esta situación planificando mejor la instauración del nuevo sistema y ejecutarla una vez el  estuviera en condiciones de dotar a todos los puntos de los contenedores definitivos. No son admisibles las declaraciones de Imma Mayol, quien reconoce las numerosas quejas, el caos generado y la suciedad descontrolada: la concejal responsabiliza a los ciudadanos de no estar “familiarizados con el sistema” y ha anunciado que ¡en febrero de 2010! se evaluará la situación. Pensamos que la situación era previsible y se debieron haber tomado medidas con antelación, mediante una campaña informativa suficiente y una estrategia coherente como habría sido la instalación de los nuevos contenedores una vez se pudieran sustituir los antiguos y cubrir todas las necesidades de recogida de materiales reciclables. Vemos estos días cómo en muchos puntos no se dispone de contenedor alguno para papel, cartón o plástico limpios, así como para vidrio. No puede dejar de subrayarse, además, que las persones mayores tienen dificultad en la lectura de los símbolos e instrucciones de los contenedores.  

Pedimos la dimisión de la concejal de Medio Ambiente por su manifiesta incapacidad para gestionar la implantación del nuevo sistema de recogida de residuos y por su imprevisión y nula capacidad de reacción ante el problema que ha generado en Barcelona.

Federación de Barcelona (ciudad) - Área de Política Municipal

Ciutadans (C’s) participará en la manifestación convocada por la Federación de Asociaciones de Vecinos de Barcelona (FAVB) el sábado 21 de noviembre a las 18 h. en la Plaza Sant Jaume.

Queremos estar con las asociaciones de vecinos, plataformas, entidades y sindicatos pidiendo que los delitos no queden impunes y que toda la clase política se implique en dotar a las administraciones públicas de mecanismos de control del dinero público e incorporen la participación de la ciudadanía en la toma de decisiones; mecanismos, en definitiva, más eficaces que los actuales que evitarían la especulación urbanística, la corrupción, el despilfarro del dinero público, el clientelismo de la partitocracia y la extensión de la pobreza en todos los barrios.

Contra corrupción, movilización.

Leer manifiesto de la FAVB.

Federación de Barcelona (ciudad) de C’s

Ciutadans (C’s) vuelve a denunciar, como ya lo hizo hace un mes (leer), la falta de compromiso social y político del Ayuntamiento con los ciudadanos de Barcelona a la hora de administrar los recursos públicos. El Gobierno local del PSC, despilfarra el dinero de todos nosotros al encargar informes inútiles, partidistas y con costes muy elevados. Además, elude el proceso para su designación mediante concurso público y restringe el acceso público y de la oposición política a dichos trabajos. Es inadmisible que, mientras publicitan de forma partidista que su prioridad es el gasto social en tiempo de crisis, lo que sale a la luz es el descontrol y el amiguismo a la hora de encargar informes y estudios por más 13 millones de euros en 2008. Y no olvidemos que la pasada primavera Hereu gastó 68.000 euros en enviar flores a los barceloneses.

C´s también denuncia la contratación de servicios externos a dedo para transcribir todas las actas municipales, tanto de comisiones, plenos, audiencias públicas y plenos de distrito. Estos suponen una media de 1.250 euros por transcripción y su posterior redacción, por lo que supone una nueva sangría para el contribuyente

El presupuesto de la ciudad para 2010 será deficitario y habrá un importante aumento de la deuda; C’s reclama la necesidad de una drástica política de recorte de gastos en publicidad y propaganda institucional del Ayuntamiento que, en su mayoría, es prescindible. Además, proponemos que el encargo de informes y estudios tenga preferencia para los propios técnicos municipales y si es a fuentes externas, se realice con plena transparencia y con la posibilidad que cualquier ciudadano que lo desee pueda tener un acceso sin limitaciones.

Federación de Barcelona (ciudad) - Área de Política Municipal

Es frecuente oir en boca de algunos individuos -pongamos que hablo de un tal Herrera o un tal Saura- la palabra “tolerancia”. En boca de otros -pongamos que hablo de un tal Carod- se oyen soflamas contra la imposición (¡franquista, por supuesto!) del “pensamiento único”.

Ahí tenemos cómo las gastan algunos -desenfundando el aerosol- ante la campaña de la Asociación por la Tolerancia que denuncia la exclusión del castellano de la esfera pública.

Antonio López

La fotografía fue tomada el 14 de octubre por el Área de Política Municipal de la Federación de Barcelona (ciudad). Corresponde a la unidad 2707 de la línea 32.

Ciutadans (C´s) denuncia la construcción de un parque de bomberos “provisional” en la plaza Joan Miró por parte del Ayuntamiento de Barcelona.

La práctica inexistencia de zonas verdes en esta parte de la ciudad y en todo el distrito, y el poco respeto del Ayuntamiento a la opinión y sus protestas de los vecinos, evidencian una vez más la poca sensibilidad que demuestran PSC e IC-V hacia la calidad de vida de los habitantes del Distrito del Ensanche.

Además, el inicio de la construcción del cuartel en pleno mes de agosto demuestra la política de hechos consumados que realiza la regidora Assumpta Escarp en sus actuaciones y la falta de transparencia en la licitación y en el acceso público a la documentación de la obra.

C’s apoya el acuerdo del último Pleno de distrito del Eixample que obligará al Gobierno municipal de Barcelona a revisar el expediente administrativo y deberá entregar a los vecinos y grupos municipales un informe que incluya la legalidad del procedimiento administrativo iniciado, las ubicaciones alternativas estudiadas, el coste del cuartel, así como la posterior demolición y restitución total de la zona del Parc de Joan Miró.

Por último, C´s cree necesario la paralización preventiva de una obra recurrida ante la Fiscalia y que demuestra que toda la propaganda municipalista de “mecanismos de participación” es una farsa, como la que, con elevados costes económicos, el Ayuntamiento trata de implantar en la reforma de la Diagonal; farsa y demagogia para eludir responsabilidades de gobierno.

Federación de Barcelona (ciudad) – Área de Política Municipal

C’s denuncia la arbitrariedad en la adjudicación de informes y estudios del Ayuntamiento, ya que solo 3 (el 0,15%) de los más de 2.000 que se encargaron fueron adjudicados por concurso. Muchos de estos informes eran innecesarios y su coste resultó desproporcionado. C’s considera un despilfarro intolerable que se gaste el dinero de todos los ciudadanos en informes como por ejemplo el encargado a la Asociación de Hombres por la Igualdad de Género con el título “El tiempo y las masculinidades”, por el que se abonaron 14.250 euros, o los 11.890 euros que costó la celebración de una sesión de brainstorming. Otros gastos, como los 149.600 euros para el mantenimiento durante dos años de una maqueta de Barcelona, son una muestra del derroche con que el Ayuntamiento está gestionando los fondos públicos.  Además, al igual que hizo la Generalitat de Cataluña, el Ayuntamiento encargó un estudio para averiguar el tratamiento que la prensa realiza sobre su labor de gobierno. Para C’s esto supone una fiscalización antidemocrática del trabajo de los periodistas, impropia en un Estado de Derecho.   

C’s condena la práctica de los partidos que gobiernan la Generalitat de Cataluña y el Ayuntamiento de Barcelona; las instituciones están despilfarrando el dinero de todos los ciudadanos para encargar informes inútiles, partidistas y sectarios, todo ello con la falta de transparencia en la contratación y en el acceso público a dichos informes. Por si fuera poco, algunos de esos estudios tienen como fin algo tan impropio de una democracia como detectar periodistas y medios “hostiles” al nacionalismo asfixiante.

C’s - Federación de Barcelona (ciudad)

Área de Política Municipal 

El 14 de diciembre de 1966 se sometía a referéndum la llamada Ley Orgánica del Estado con la que Francisco Franco completaba el armazón político-jurídico del régimen.

La participación fue superior al 80% y el sí alcanzó el 95,06%. Al día siguiente, en un receso en su jornada, sosteniendo en la mano un vaso con su bebida favorita, la Fanta de limón, dijo a Doña Carmen: “El pueblo español ha decidido. Lo que el pueblo español ha votado no lo puede modificar un tribunal.”

Años después, el filólogo Josep-Lluís Carod-Rovira tradujo esas dos frases al catalán, en una excelente versión en la que tradujo también el gentilicio adaptándolo a su público.

Tras un sorbo y dejar vagar su mirada por la montaña de papeles de su mesa, se dirigió de nuevo a Doña Carmen: “No, no lo puede modificar ningún tribunal. La división de poderes liberal y judeo-masónica el chachi se la pasa por el arco del triunfo.”

Antonio López

Ilustraciones: EPés de 1966. Colección particular.

El 11 de septiembre a las 12,30 horas en la confluencia de las calles Josep Tarradellas y Entenza tendrá lugar un acto público organizado por el Comité Ejecutivo de Ciutadans (C’s). Con este acto se pretende recordar a la ciudadanía que Cataluña no tiene nada que celebrar en esa fecha que los políticos nacionalistas y sus clientes falsean para obtener réditos políticos e incrementar su opulento modus vivendi. Los partidos nacionalistas falsean la historia dando rienda suelta a la naturaleza antagonística de su reivindicación identitaria (que, por ello, no es una omfaloscopia inocente) y para alimentar la reivindicación de la ‘memoria histórica’ de una patria que nunca existió. Así, la conocida como Guerra de Sucesión Española, una guerra civil entre partidarios del Archiduque Carlos de Habsburgo y de Felipe de Borbón, nieto de Luis XIV, la convierten en una guerra de España contra una de sus regiones, Cataluña, cuando la realidad fue que cada ciudad tomó partido por uno u otro pretendiente. También ocultan que Felipe V sacó a Cataluña de su foralidad medieval recolocando la región en el siglo XVIII. Y no digamos el hecho de que el austricista Rafael de Casanova, muerto casi treinta años después, a quien todos los partidos excepto C’s rendirán homenaje el próximo 11 de septiembre (incluido el PP en su enésimo acomplejado intento de que el Cuatripartito rompa el Pacto del Tinell) , dijo pelear “por la nación española” y que en Barcelona residía la libertad de “toda España”.

La reivindicación de identidad, siempre de naturaleza antagonística, y los derechos de los territorios como motor de la Historia son el lugar común de todo pensamiento fascista. Es por ello que el parecido de los artículos de opinión del tardofranquista El Alcázar y del hodierno Avui sean escalofriantes.

En el acto de C’s tomarán la palabra el escritor Iñaki Ezquerra y Albert Rivera, diputado en el Parlamento de Cataluña y Presidente de C’s.

 Antonio López

El despilfarro del alcalde Hereu parece no tener límite y es un insulto a los ciudadanos.

Ante el anuncio de la contratación por parte del Ayuntamiento de Barcelona de la hermana de la Princesa de Asturias como subdirectora del Departamento de Relaciones Internacionales, C’s manifiesta su rechazo a

Al despilfarro se une en esta ocasión la sombra del nepotismo. El gobierno municipal, de marcado corte nacionalista, debe recurrir a otros y más austeros modos de hacer guiños a la Casa Real. Los aliados de gobierno de Jordi Hereu (IC-V para toda la legislatura, así como ERC y CiU según convenga, como en la recalificación del Miniestadi con estivalidad y alevosía) no son precisamente ejemplo de amor al Título II de la Constitución (De la Corona). En nuestra opinión, como escribiera Rafael Sánchez Ferlosio (a propósito de una primera plana en la prensa monárquica sobre algo que no era noticia) Jordi Hereu no ha hecho sino “borbonear fuera de tiesto”. Y es que si Hereu negase que ha habido nepotismo, cabe preguntar: una vez que alguien (se supone que el propio Alcalde) decidió que era necesario cubrir un puesto tan estratégico y necesario para Barcelona como éste, ¿cómo se buscaron los candidatos, cuántos curricula se examinaron y cuántas entrevistas se hicieron? Todo ello según el principio de publicidad de los procesos de selección en la Administración Pública. De lo contrario, cualquiera puede sospechar que a alguien se le ocurrió primero el candidato y después se le inventó el puesto.

El Departamento de Relaciones Internacionales depende directamente del Área de Alcaldía, por lo que la responsabilidad de tal decisión recae en el alcalde, Jordi Hereu. Dado que la Subdirección de Proyectos es un puesto de nueva creación, con el que el departamento pasará a tener dos subdirecciones, emplazamos al alcalde a que explique las razones que han motivado la creación de este nuevo cargo. Hereu debe informar además sobre cuál es el sueldo asignado al nuevo puesto que ocupará Telma Ortiz. Según algunas fuentes consultadas por la Federación de Barcelona de C’s, su retribución “podría alcanzar los 93.884 € anuales”.

Poniendo el parche antes de producirse la herida, el Ayuntamiento ha informado en su comunicado que Telma Ortíz tiene un óptimo conocimiento de la lengua catalana; lo que no sabemos es si ha presentado fotocopia del certificado de nivel C de catalán; no olvidemos que su carencia frena la carrera administrativa de cualquier funcionario o la contratación -incluso como interino- de cualquier ciudadano en la Administración Pública catalana. Con todo, puede llegarse a Presidente de la Generalitat sin dicha certificación.

C’s considera intolerable la falta de responsabilidad en el gasto que está demostrando reiteradamente el alcalde Hereu. En los presupuestos de este año el gasto en los sueldos del personal de confianza del Ayuntamiento se incrementó un 11%. El despilfarro de dinero público en éste y en otros capítulos como los de la publicidad o las subvenciones a entidades de dudoso interés público, en un momento de graves dificultades económicas como el que estamos atravesando, es un insulto para los ciudadanos. Ahora se crea esta subdirección que ocupará la cuñada del Príncipe de Asturias con el fin -según el comunicado del Ayuntamiento- de “estrechar [Barcelona] las relaciones con Asia y el Pacífico”. Pedimos a Hereu que ataje su política de despilfarro con el dinero de unos ciudadanos que han visto cómo los servicios que ofrece su Ayuntamiento se deterioran día a día.

Área de Política Municipal de la Federación de Barcelona (ciudad).

Una situación de impunidad se ha extendido por el distrito de Ciutat Vella, debido a que el Ayuntamiento no es capaz de hacer cumplir sus propias ordenanzas, por ejemplo, con un despliegue de la Guardia Urbana acorde con las necesidades de la ciudad y ejerciendo la potestad sancionadora sobre las conductas incívicas. Este verano los empresarios del turismo, hostelería y comercio manifestaban que la inseguridad del centro de Barcelona se ha difundido en los foros en internet sobre destinos turísticos. Así, mientras que durante el mes de agosto, todos los partidos con representación municipal se han entregado a una polémica estéril sobre si debe prohibirse o no que los transeúntes vayan descamisados, ya se ha hecho habitual la práctica callejera de la prostitución en las calles y plazas aledañas a las Ramblas y se ha extendido, refieren los vecinos, al barrio de San Antonio. De nada sirve el celo reglamentista de la administración municipal llevado hasta el extremo de determinar la indumentaria de los ciudadanos si no se aplican aspectos que son mucho más relevantes para garantizar la convivencia.

El ejercicio de la prostitución callejera está expresamente prohibido por las ordenanzas municipales. Cuando representantes municipales alegan que no pueden hacer nada para evitarla, ya que no es un tema de su competencia, están mintiendo: el Ayuntamiento tiene competencias para multar a las personas que practican la prostitución en la vía pública. El artículo 39 de la Ordenanza del Fomento de la Convivencia Ciudadana prohíbe expresamente dicha práctica. Según el artículo 40 de la misma ordenanza, la oferta, solicitud y negociación de servicios sexuales en la calle puede ser sancionada con multas de hasta 750 €, mientras que la práctica de servicios sexuales retribuidos está considerada como infracción muy grave, con multas de entre 1.500 y 3.000 €.

El Ayuntamiento puede y debe aplicar estas sanciones. El auge de la prostitución callejera en Barcelona ha sido posible sobre todo por culpa de la pasividad del propio Ayuntamiento, que ha renunciado a exigir a todos los ciudadanos un comportamiento cívico en el espacio público. El Ayuntamiento es, por lo tanto, el principal responsable de esta situación y no puede seguir mirando hacia otro lado cuando surge un problema.

Junto con la aplicación de estas sanciones, C’s propone, ya desde su programa electoral de las Elecciones Generales de 2008, que debe regularizarse la prostitución en locales legalizados, con control de las condiciones de salubridad e higiene. Esta medida contribuiría a combatir las redes de explotación sexual, aumentaría la protección y seguridad de las personas que se dedican a esta actividad, y permitiría erradicar también su ejercicio en la vía pública. Por otra parte, los clientes que hagan uso de servicios sexuales fuera de estos locales deben ser severamente sancionados, tal como establece la ley.

Área de Política Municipal de la Federación de Barcelona (ciudad)

Fotografía de Juan Colom para Izas, Rabizas y colipoterras (Barcelona, Lumen, 1964) de Camilo José Cela

Martes 18 de agosto. Con un calor insoportable en Barcelona y en plena Fiesta Mayor de Gracia, en el barrio se disponen a inaugurar en una nueva plaza, insulsa y fea como la mayoría. No sé si tan insulsa e inexpresiva como el nombre que endosan, “Dones del 36”. Supongo que ya estarán buscando emplazamiento para otra plaza fea e insulsa con el nombre de “Homes del 36”. ¿No habíamos quedado que éramos todos iguales y sin discriminaciones? Por lo visto ya incluso se discrimina entre las mujeres, porque evidentemente aquí no se rinde homenaje a todas las mujeres del 36.

Hasta ahora todo sigue el guión del catalanismo político autodenominado de izquierdas, de elogiar un tiempo pasado que acabó siendo nefasto para el país. Niños disfrazados de no sé qué por aquí, protestas de no sé quién por allá, pero lo importante pasará en el estrado. Un estrado para los oradores y, para presidir el acto simbólicamente, una bandera catalana y una republicana, ésta última la única enseña nacional española que está permitido poner en estos lares. Hasta que llega el presidente del Distrito de Gracia y (con un par) piensa que hasta aquí hemos llegado y que ni republicana ni leches y coloca encima una “estelada”; que la bandera republicana es también española y eso es inadmisible en Gracia. La calle es mía, Gracia es mía. Para eso soy el presidente del distrito (no piensa ni por un segundo que el cargo que ostenta tan patéticamente como puede y le dejan es sólo honorífico y sin tarea ejecutiva alguna).

Pero en el acto entra en acción un concejal de IC-V, por lo visto el único republicano con mando en plaza, y quita la “estelada” que tapaba la tricolor y se arma una trifulca. Ahora que parecía que las fiestas estaban siendo más pacíficas de lo habitual, toman el relevo desde el Ayuntamiento y montan la tangana unos cargos electos. Desprecios, amagos y actores secundarios separando a los contrincantes. No se dan cuenta, pero están a punto de hacer una recreación viviente del 36, que es de lo que va el acto.

A palo limpio. Pero como casi nunca llega la sangre al río, por arte del entente la inauguración acaba con tres banderas colgadas, a saber: la “estelada”, la tricolor de la República Española y la de Cataluña… que pasaba por allí.

Conclusión: de todas las banderas oficiales del Distrito, que son cuatro (España, Cataluña, Barcelona, Gracia), aquí solo hay una, pasándose por el arco del triunfo las otras tres y colándose en el esperpento oficial dos de las tres que sólo sirven para manifestaciones o para salir en TV3.

El personaje en cuestión de toda esta farsa es un tal Ricard Martínez, concejal presidente del Distrito de Gracia y uno de los hispanofóbicos más conocidos del Ayuntamiento. Es el mismo que con inusual desparpajo tanto llama a la Guardia Civil fuerzas de ocupación extranjeras en Cataluña como se niega a colocar la bandera española de la sede del Distrito. Por lo visto, por allí por donde él pasa, la bandera constitucional de España desaparece. La obligatoriedad legal de que esa bandere ondee en los edificios oficiales la conoce sobradamente, pero ¿sabrá también que, según las encuestas, que ellos mismos realizan, solo el 12% de los barceloneses dice no sentirse español? Tiene impunidad política para saltarse las leyes.

La pregunta que nos deberíamos hacer es a qué se debe que en el distrito barcelonés de Gracia, un personaje como éste llegue a tales cotas de poder cuando su partido, ERC, en las últimas elecciones municipales de 2007, fue solo la cuarta fuerza más votada (y superando en apenas 100 votos al Partido Popular).

La única respuesta la debemos buscar donde siempre, que es en el PSC y su absoluta falta de compromiso con las leyes y sus ciudadanos. Tolera la intolerancia y discrimina todo aquello que no le comporte la continuidad en el 2011. Administra el apaciguamiento para tener la fiesta en paz sin ser capaz de imponer las normas que democráticamente nos hemos impuesto y decirle al señor Martínez que ya está bien la broma y que se vaya a su casa. No se ve en el PSC la misma voluntad de los socialistas vascos que, además de no demonizar al PP con pactos como el del Tinell, han comenzado a desalojar de la vía pública y de las instituciones a los intolerantes que no acaten las leyes.

Nico Ortiz

Ciutadans desea mostrar su sorpresa y descontento ante la falta de previsión de los servicios alternativos de transporte puesto a disposición de los ciudadanos por los cortes de las líneas L2, L5 y L11 de Metro.

No es admisible de ninguna manera que el servicio sustitutorio de la Línea 11, Trinitat Nova-Can Cuiás, tenga un frecuencia de paso de 20 minutos para todos los días y todas las horas, cuando el servicio de Metro para estas fechas es de 13-14 minutos según día y hora. Ello hace que el acceso a Ciutat Meridiana, desde siempre ya lamentable, aún sea en la actualidad más difícil.

Tampoco era admisible la falta de previsión (incomprensible dado que TMB conoce el número de usuarios de cada estación cada día y hora del año) con una frecuencia marcada el miércoles 5 por la mañana para el servicio sustitutorio de la Línea 2; a primera hora de la mañana el personal de seguridad tuvo que cortar el acceso a la estación de La Pau por la aglomeración de viajeros. También las colas en Pep Ventura para coger los autobuses dieron lugar a momentos de tensión. La tensión fue subiendo hasta el punto de que la Gerencia de Línea 2 tuvo que efectuar unas declaraciones a media mañana a TV3 reconociendo su error. Ya por la tarde la situación estaba bastante subsanada contando el corte con 15 autobuses articulados y una frecuencia de paso de unos 4 minutos, lo habitual de la línea. Con todo, el trayecto que el metro realiza en 9 minutos, los autobuses lo realizaban en 30: en fin, sustitutorio, pero no equivalente

No es admisible de ninguna manera el servicio que se está dando en el corte de la L5 Can Boixeres-Collblanc. El corte se ha suplido con tres líneas que comunican diversos puntos de transporte de la zona (Tram, RENFE y Metro), y con paradas en las distintas estaciones de la línea 5 cerradas; de esta manera se diversifican los flujos de viajeros. Pero con ello también se consigue aumentar las molestias para los usuarios al tener que realizar grandes rodeos y apartarlos de sus caminos habituales, ya que no existe un servicio sustitutorio que siga el recorrido de las estaciones de Metro afectadas en superficie, que es lo habitual en estos casos. El corte de esta línea está servido por la empresa de transportes SARBUS.

No puede admitirse que el día 3 de agosto (laborable) la línea sustitutoria B1 Collblanc-Pubilla Cases cuente con sólo tres autobuses articulados, de los cuales uno está matriculado en 1991, y en un estado bastante lamentable. La frecuencia entre las 10h a 24h es de entre 7 y 11 minutos y,  con cuatro autobuses, baja a 7 minutos y a 5 minutos entre las 7 h. y 10 h..

La línea B2 Ca N’Oliveres-Can Vidalet en la misma fecha solamente contaba con dos autobuses, uno de los cuales de 1996 y en un estado deplorable; con una frecuencia de paso de 12 minutos entre las 9 h. y las 24 h., solamente entre 6 h. y 9 h. la frecuencia baja a 8 minutos cuando tres autobuses realizan el servicio.

La línea B3 Pubilla Cases-Can Boixeres en esa misma fecha solamente contaba con tres autobuses, dos de los cuales de 1996 y en un estado muy penoso, con una frecuencia de paso de 11 minutos entre las 10h y las 24h, solamente entre 7h y 10h la frecuencia baja a 7 minutos con cuatro autobuses.

Está claro que on una frecuencia de paso muy inferior a la de Metro por estas fechas el servicio que se está dando para paliar los cortes de L5 y L11 es insuficiente, pero el caso de la Línea 5 es especialmente sangrante y supera todos los límites de maltrato a los ciudadanos: frecuencia insuficiente, insuficiente número de vehículos, la antigüedad de 4 de los 8 autobuses en hora valle son de una edad superior a 12 años, edad máxima marcada por la ATM para poder transportar viajeros por Barcelona, pero es que uno de ellos suma… 18 años: es ilegal que estos días preste servicio. Tenemos las fotos de los vehículos: las matrículas dan fe de cuanto decimos. Estos autobuses eran propiedad de TMB y estaban apartados esperando su baja para desguazarlos o venderlos, y han sido transferidos a SARBUS para realizar este servicio.

En el caso de las L5 y L11 el descontento de los viajeros es más que manifiesto, por el mal servicio recibido, viajeros que como ciudadanos son masacrados a impuestos y tributos y, además, están pagando el transporte público más caro de España.

Ciutadans entiende que el motivo de estos cortes supondrá una mejora para todos, pero también entendemos que las cosas pueden hacerse con una buena planificación.

Por todo ello pedimos:

El aumento de la frecuencia de paso de L11.

El aumento de la frecuencia de paso de L5 y el uso de autobuses más modernos y en mejor estado.

Después de lo visto, Ciutadans sólo puede reclamar que las empresas de transporte público dejen de ser extensiones de luchas políticas e intereses personales y pasen a ser lo que realmente han de ser, empresas que gestionen redes de transporte que faciliten la movilidad a unos ciudadanos que pagan el transporte mas caro de España, y que sean gestionadas de forma eficiente con el personal adecuado.

Área de Política Municipal de la Federación de Barcelona (ciudad)

Lo dice Alfonso Huéscar, portavoz de la Coordinadora de Vecinos y Entidades de Les Corts: el alcalde Hereu nos ha traicionado. No sólo el alcalde, cabe añadir, y no sólo al distrito de Les Corts, sino a toda la ciudad. Socialistas, convergentes e independentistas republicanos han llegado a un acuerdo para desposeer a Barcelona de 7 hectáreas destinadas a equipamientos. En su lugar construirán 1.625 pisos. El beneficio que obtendrá el Fútbol Club Barcelona con esta operación será, según El Confidencial, de unos 250 millones de euros, que servirán para financiar la tan glamorosa como innecesaria reforma de su campo de fútbol. Así, el Ayuntamiento se ha puesto al servicio del interés de un particular, sacrificando el de los ciudadanos barceloneses. No es la primera vez que esto ocurre.

Hace exactamente 150 años, el 9 de Junio de 1859, el Ministerio de Fomento aprobó mediante una Real Orden el Proyecto de Reforma y Ensanche de Barcelona, de Ildefonso Cerdá. Se trataba de un proyecto ambicioso, la más grande planificación de un área residencial realizada en Europa, en el que Cerdá había trabajado durante cinco años. La solución que presentó, de una gran originalidad, combinaba elementos tomados de las reformas de París, insertados en la típica trama cuadrangular de las fundaciones coloniales españolas de América, y la baja densidad del crecimiento suburbano de Londres. Pero lo más importante fue que se trataba de un diseño racional, fundamentado en un análisis de las exigencias de circulación viaria y de higiene de las viviendas. El plan aseguraba la uniformidad de las condiciones de edificación, reservaba grandes extensiones de terreno destinado a zonas verdes, y se proponía abrir el interior de las manzanas para configurar paseos, plazas y jardines. Éste era el ensanche de Cerdá. Pues bien, el Ayuntamiento de Barcelona lo boicoteó desde el primer momento. Si bien no pudo impedir que fuera ratificado por el gobierno, consiguió, con la complicidad del Ministerio de Gobernación y cediendo a las presiones de los propietarios, que no se aprobaran las ordenanzas y el plan económico presentados por Cerdá al año siguiente, permitió el cierre de las manzanas y la ocupación de los patios, aumentó progresivamente la profundidad y la altura de los edificios y eliminó las zonas verdes. El resultado es que el Ensanche actual, concebido originariamente para descongestionar la ciudad, es hoy el distrito más denso de Barcelona, con 354,1 hab./Ha., muy por encima de Ciutat Vella, que tiene 263 hab./Ha. (según datos de 2006). Hoy, uno de los principales problemas que tiene la ciudad es el de la falta de espacios verdes.

Lo ocurrido con la recalificación de los terrenos del Miniestadi revela que, por encima de cambios políticos, nada sustancial ha cambiado en Barcelona. Las decisiones las siguen tomando los grandes propietarios, en contra del interés general. La traición del Ayuntamiento es doble: a los vecinos de Barcelona y al espíritu que animó el proyecto de Cerdá. Cabe atribuir a una mala conciencia los tres millones de euros que costará la conmemoración del aniversario de la aprobación en Madrid del proyecto de Ensanche de Barcelona. Pero esto no es algo que pueda lavarse con dinero. Serán 7 hectáreas menos de espacios libres, en una zona densificada y necesitada de equipamientos. A la larga, toda la ciudad saldrá perjudicada, y la pérdida será irrecuperable.

Koldo Blanco

El presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, el de “la estelada es el vínculo que tiene el Barça con la sociedad catalana”, se quejó el pasado fin de semana de no contar con la complicidad por parte de las instituciones, “tanto de la ciudad como del país” por no haber conseguido ya la recalificación de terrenos del Miniestadi para construir más de 1.000 viviendas.

Laporta, apelando a un patriotismo catalanista de cartón piedra, engaña a la ciudadanía para defender sus negocios particulares y los del club deportivo que dirige. Pero las instituciones públicas no pueden estar al servicio de los intereses particulares de nadie. El país en que vive Laporta está compuesto por muchos ciudadanos cuyo derecho a vivir con dignidad en una ciudad habitable, con suficientes equipamientos y zonas verdes, con seguridad y estacionamientos de acuerdo con sus necesidades reales, no pueden ser sacrificados en aras de la especulación urbanística.

No sabemos en qué país vive Laporta, pero no es de recibo que lo confunda con sus intereses privados o con la entidad que preside. Simula que no entiende que se trata de cosas muy distintas. El barrio donde están enclavadas las instalaciones del FC Barcelona padece desde hace décadas demasiados inconvenientes derivados de esas instalaciones privadas, y en el distrito, además, faltan equipamientos sociales, culturales y deportivos para los vecinos.

C’s considera, además de reprobables las declaraciones de Joan Laporta, que el Ayuntamiento debe solucionar los problemas de accesibilidad y seguridad por el elevado tránsito de vehículos y la falta de vigilancia y alumbrado que soporta la zona donde están enclavadas las instalaciones del FC Barcelona, incrementando la dotación de zonas verdes y los equipamientos para los vecinos. El presidente del FC Barcelona ha de colaborar en encontrar una solución, ya que tiene una deuda con el barrio, en lugar de venir a exigir a las instituciones públicas que se pongan a su servicio.

Área de Política Municipal

Informábamos aquí el pasado mes de diciembre que el Ayuntamiento de Barcelona iba a elaborar su Reglamento de Usos Lingüísticos. Como Barcelona tiene todos sus problemas resueltos (la limpieza es modélica, la ausencia de ruido es la envidia de todas las ciudades europeas, la delincuencia cero, los transportes públicos suficientes y a precios asequibles para todos, etc) el gobierno municipal se ha puesto manos a la obra –dice- por imperativo de la Ley de Política Lingüística. La comisión encargada de redactar un primer borrador ya lo ha remitido a los grupos municipales y ahora se discutirá en ponencia. En principio, el pacto entre los partidos parece difícil. El PP, a pesar de su tibieza en este tema, ya se ha desmarcado con un texto alternativo y los nacionalistas del oasis, por su parte, quieren un texto que erradique el castellano de las instituciones y con ello los derechos de los castellanohablantes que quieran recibir la información en su lengua, que también es oficial y, pese a quien pese, mayoritaria en Barcelona. Paso a paso, ley a ley, decreto a decreto, reglamento a reglamento, el nacionalismo restringe libertades como lo ha hecho al aprobar la Llei d´Educació de Catalunya que excluye una lengua constitucionalmente oficial para todo el Estado, el español, como lengua de enseñanza. La Constitición Española de 1978 establece el deber de conocer el castellano; los nacionalistas se agarran a la literalidad de la Constitución cuando les interesa y nos dirán que la máxima norma del Estado no establece el deber de enseñarlo.
¿Qué será ese Reglamento? Aplicar el monolingüismo en catalán en todos los ámbitos del Ayuntamiento, algo que de facto ya practica la administración local desde hace años, excepto en notificaciones como las multas de tráfico u otras comunicaciones de la hacienda local, pero muy lejos de ofrecer a los administrados el mismo nivel de información en las dos lenguas. Ahí tenemos, por ejemplo, todas las publicaciones del Ayuntamiento, empezando por la revista que llega todos los domicilios y cuya edición bilingüe hemos reclamado desde C’s (leer). El porcentaje de ejemplares que acaban en las papeleras es equivalente al de títulos en catalán que esperan lectores en la red del consorcio de Bibliotecas de Barcelona como ya denunciamos aquí. Pero quizás esas comunicaciones bilingües desaparecerán con el nuevo Reglamento. Habrá ciudadanos de primera que seguirán recibiendo las comunicaciones en su lengua si ésta es el catalán y ciudadanos de segunda que deberán suplicarlo, como así señala el artículo 5.3: “las comunicaciones y notificaciones dirigidas a personas físicas y jurídicas residentes en el ámbito lingüístico catalán deben hacerse en lengua catalana, sin perjuicio del derecho de los ciudadanos a recibirlas en castellano, si lo solicitan”. El ciudadano debe solicitar, mendigar, que el Ayuntamiento tenga a bien conceder el favor. Lo de ámbito lingüístico catalán vuelve a delatar que el ordenamiento jurídico del que se está dotando Cataluña bebe en las fuentes de lo más reaccionario del pensamiento político de su historia (Prat de la Riba, Torres i Bages,…). Debe ser éste el único rincón de Europa donde J. G. Fichte sigue ideológicamente vivo por culpa de que alguien alguna vez lo leyó de tercera o cuarta mano. O quizás de primera: dicen que Jordi Pujol estudió en una escuela germánica de Barcelona en los años cuarenta del siglo XX y eso le marcó mucho como se vió cuando ejerció de Gran Timonel del principado; cabe preguntarse si es por ello que desde 1980 en Cataluña se ha ido imponiendo ese modelo de escuela que ahora culmina en la LEC: lengua única (incluso en los pasillos o el patio), pensamiento único, contenidos de todas las materias políticamente sesgados y, en fin, todos vigilando a todos en un clima asfixiante para alumnos y profesores.

El débil gobierno en minoría de Jordi Hereu, a quien las encuestas dan perdedor en las próximas elecciones municipales y cuya gestión los ciudadanos están valorando muy negativamente, se ve acorralado –a mitad de legislatura- por los nacionalistas de CiU y ERC que plantean un Reglamento de máximos en el que el castellano desaparezca por completo del consistorio barcelonés y de las relaciones que éste establezca con los administrados. Es una nueva vuelta de tuerca del nacionalismo en su acción política general de acoso y derribo a cuanto pueda ser un lazo con el resto de España y un ejemplo para el resto de Cataluña de lo que hace su capital (para CiU, Barcelona siempre ha sido una espinita electoral). Una vuelta de tuerca previsible que ya anunciábamos aquí el pasado verano. El alcalde Hereu, entre el reglamento radical que le ponen sobre la mesa CiU, ERC y IC-V o la cooficialidad de las dos lenguas, optará por la primera opción y volverá a generar problemas a los ciudadanos como siempre que el ensueño nacionalista interfiere en la realidad de la sociedad. Del PSC no puede esperarse otra cosa desde que en 1984 optó por disputar a CiU espacio nacionalista: ¿es el de Iznájar el Frankestein engendrado en las probetas del laboratorio pujol-maragallista que allanará el camino de un gobierno CiU-ERC que nos devolverá de nuevo al siglo XII?

Ciutadans siempre ha apostado por la convivencia de los ciudadanos y el respeto a sus derechos y libertades: tal debe ser la norma y la práctica por parte de los poderes públicos. Nos opondremos a cualquier normativa que establezca limitaciones en el uso de una lengua oficial. Asimismo reivindicamos que el Ayuntamiento adopte siempre el bilingüismo en todas las comunicaciones y en la información que dirija a los sufridos habitantes de Barcelona.

Nico Ortiz y Antonio López

El pasado 9 de junio comenzó oficialmente la conmemoración del año Cerdá; con diversos eventos Barcelona rendirá homenaje al ingeniero que diseñó la mayor área residencial planificada de Europa: el Ensanche de Barcelona que, con sus 1.400 Ha de superficie y 25 millones de metros cuadrados edificados, contribuyó decisivamente al desarrollo y modernización de la ciudad en los inicios de la revolución industrial, dotándola de un sistema viario eficiente y una imagen urbana reconocida internacionalmente. Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía (C’s) apoya estas celebraciones por considerar que es de justicia reivindicar la figura del eminente urbanista, después de haber sufrido el desprecio y el olvido por parte de los sectores más reaccionarios de la sociedad barcelonesa. No debemos olvidar que fue exactamente hace 150 años cuando el Ayuntamiento de Barcelona rechazó el plan de Cerdá, instando al Ministerio de Fomento a suspender su aprobación. No fue hasta un año más tarde, el 31 de mayo de 1860, cuando el gobierno español pudo aprobar el plan definitivamente. Esta decisión, pese a contar con la oposición del gobierno local, fue acertada, ya que dotó a la ciudad del centro financiero y de negocios que necesitaba. Cerdá, sin embargo, nunca obtuvo el reconocimiento oficial: recibió un trato indigno, se llegó incluso a negar su catalanidad, sus libros fueron quemados y su retrato retirado del Ateneo barcelonés. Los dos monumentos de homenaje a su figura fueron boicoteados, impidiéndose la construcción del primero mediante una campaña anónima de calumnias, y retirándose el segundo discretamente a los diez años de ser construido.

La conmemoración de este aniversario debería adquirir el carácter de desagravio por parte del Ayuntamiento de Barcelona a la figura del eminente urbanista catalán Ildefonso Cerdá a quien tanto debe esta ciudad. Por ello, consideramos imprescindible que Barcelona cuente con un monumento conmemorativo en el Ensanche: éste podría ser tan sencillo como la colocación de una réplica del primer mojón con que Cerdà, el 16 de julio de 1860, como representante del gobernador y máxima autoridad de los trabajos del Ensanche, inició el replanto de las calles fijando como origen y punto de referencia el cruce entre la Gran Vía y la Vía Layetana. Asimismo, aprovechando la reforma de la plaza de Glorias (concebida por Cerdá como punto central de su Ensanche) proponemos la instalación en este emplazamiento de una reproducción del plano original aprobado por el Ministerio de Fomento junto con una explicación histórica de las circunstancias que dieron lugar a su diseño.

Área de Política Municipal

El pasado día 4 de junio Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía (C’s) intervino en la audiencia pública del distrito barcelonés de Sarrià-Sant Gervasi para reclamar que no se destruya el arbolado de la Plaza Joaquim Folguera. Estos almeces, así como los pinos centenarios de los jardines de Can Altimira, están amenazados por las obras de la linea 9 del metro. En vista de la justificada preocupación de los vecinos, desde C’s consideramos nuestro deber hacer todo lo posible por evitar estas talas.

Sorprendentemente, el primer comentario a nuestra petición fue, por parte de la regidora Sara Jaurrieta, reprocharnos nuestra participación en la audiencia por estar vedada a los partidos políticos. C’s es un partido que no tiene concejales en el Ayuntamiento de Barcelona y la asistencia a estos actos es, por tanto, el único modo de participar en la política municipal, y lo seguiremos haciendo siempre que sea necesario para defender los intereses de los ciudadanos que se dirigen a nosotros recabando apoyo como en este caso.

Todo parece indicar que el Ayuntamiento aprovechará el verano para talar los árboles de la Plaza Joaquim Folguera, con el fin de apilar materiales de obra. La regidora argumentó que una vez acabadas las obras se restituirán los árboles, aunque no todos. Pero éste es un pobre argumento ya que no es posible transplantar con éxito ejemplares tan grandes, y los nuevos no tendrán la envergadura necesaria para mantener la calidad ambiental de la plaza. La pérdida será irreversible, y este lugar no recuperará sus valores urbanísticos en muchos años, si es que lo consigue. La regidora, al considerar que nada importante se pierde con la eliminación de unos cuantos árboles, comete un error gravísimo. Como explica Ramón Folch en un recomendable artículo del 19 de junio (leer), los árboles no pueden tratarse como si fueran farolas, deben reconocerse sus importantísimas funciones ambientales, ornamentales y arquitectónicas, programando su plantación y mantenimiento, si no queremos que pronto desaparezcan de nuestras calles.

Los árboles de alineación -los que se plantan en las aceras- palían hasta cierto punto la escasez de zonas verdes de Barcelona. Constituyen un patrimonio muy valioso. Según Ramón Folch, pronto habrá que sustituir masivamente este arbolado, ya que los plátanos plantados hace más de un siglo en el Ensanche, que representan un tercio de todos los árboles de alineación, están llegando al final de su vida útil. Para sustituirlos se necesitarían más de 20.000 ejemplares jóvenes, que si se comenzaran a cultivar hoy tardarían de 15 a 20 años en alcanzar el porte adecuado. Por eso es tan importante mantener el arbolado en buenas condiciones. Talar ejemplares sanos, como se ha hecho en el Polígono Cañellas sustituyendo pinos por jacarandas, es una frivolidad y una insensatez. Como lo es sacarse de encima los almeces de la plaza Joaquim Folguera porque molestan a la constructora municipal. El arbolado de todas las calles, plazas y jardines de Barcelona debe conservarse por una simple cuestión de interés público, y sólo se deben sustituir los ejemplares enfermos o moribundos.

A la salida de la audiencia nos permitimos puntualizar a la regidora de Sarriá que son los representantes públicos quienes tienen que estar al servicio de los ciudadanos y no al revés. C’s continuará asistiendo a las audiencias para exigir que esto se cumpla.

Koldo Blanco

      El año pasado, con motivo de una cita electoral, un amigo, miembro de un partido en Cataluña, Ciudadanos, me envió un eslógan que habían pensado para aquellas eleciones, preguntándome mi opinión sobre qué podía diseñarse. El eslógan era: “Nadie podrá parar al ciudadano que llevo dentro.”  Aquellas palabras me trajeron de repente la imagen de un Supermán que se liberaba de la ropa del liviano Clark Kent y revelaba su verdadera naturaleza. Las imágenes, además, iban en la dirección pop que durante mucho tiempo había seguido: revisitar personajes famosos de las historietas. Diseñé el cartel y lo envié a Barcelona. Los amigos de Ciudadanos lo imprimieron y utilizaron en la campaña electoral (ver). Ayer, con alguna sorpresa, me llega, siempre desde Barcelona, la imagen que otro partido español, UPyD (Unión Progreso y Democracia), ha usado en la campaña electoral para las Europes 2009. Por lo que parece,  dentro de cualquiera, de derecha, de izquierda, autonomista o de otra cosa , dormita el mismo Supermán: !basta cambiar el logo en la malla azul!

Andrea Rauch (Publicado en la revista SozialDesignZine)

[Para más precisión: el 7 de diciembre de 2007 el famoso diseñador Andrea Rauch, quien cuenta con algunos de sus carteles políticos en el MOMA de New York y el Museo de la Publicidad de París, enviaba gentilmente a la Federación de Barcelona de C’s una ilustración basada en la frase que, desde hacía tiempo, una afiliada proponía lanzar. La ilustración se imprimía por primera vez el 1 de febrero de 2008 como viñeta de un folleto editado por la Federación que resumía el Ideario de C’s. El martes 26 de febrero de 2008 la versión como cartel apoyaba la campaña de C’s en las Elecciones Generales 2008. Al pie de la ilustración se leía y a los efectos oportunos: ©Andrea Rauch, 2007 para la Federación de Barcelona-ciudad de Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía.]

C’s se opone a la tala de árboles de la plaza de Joaquim Folguera y el Polígono Cañellas, así como a todas las que se produzcan en cualquier barrio de  Barcelona si no están suficientemente justificadas, no son proporcionadas a los fines, no se compensan con la reposición e incremento de plantaciones de porte similar, o no cuentan con el apoyo mayoritario de los vecinos.

El Ayuntamiento de Barcelona persiste en su equivocada política de arrasar el verde allí donde actúa. Sucedió recientemente con las encinas centenarias de Collserola, eliminadas para instalar una montaña rusa. Está sucediendo en el Polígono Cañellas, cuya reforma se ha iniciado con una tala del arbolado que se plantó cuando se urbanizó el barrio, sin que los vecinos hayan sido ni siquiera informados del asunto. Y si nadie lo remedia, lo mismo sucederá con el arbolado de laplaza de Joaquim Folguera, en el barrio de Sant Gervasi.

Parece que los 39 almeces (lledoners) que proporcionan un poco de verdor y sombra a la plaza serán eliminados para poder trasladar los materiales de construcción de la línea 9 de metro. Estos árboles son demasiado grandes para ser trasplantados: la desproporción entre el objetivo (apilar materiales) y el daño que causarán los medios empleados para conseguirlo es escandalosa.

Las nuevas infraestructuras deben concebirse y ejecutarse para facilitar vida de los ciudadano. No es tolerable que su construcción implique la destrucción del paisaje urbano, además de empeorar la calidad de vida de sus habitantes. El caso de la reforma de la plaza Lesseps, que tras años de molestas obras, ha producido un extraño espacio, sin árboles ni césped, especialmente inhóspito en verano, es un ejemplo lamentable de lo que puede suceder también con esta plaza.

Por otra parte, el Ayuntamiento no ha incluido información sobre estas talas en las revistas pagadas con dinero público. Habría que preguntarse por la utilidad de estas publicaciones que parecen difundir solamente propaganda del gobierno consistorial, pero eluden la información que verdaderamente interesa a los ciudadanos. El gasto del Ayuntamiento en esas ediciones publicación es considerable: debería ahorrárselo o destinarlo a mejores fines vinculados a la calidad de vida de los barceloneses.

C’s se opone a las talas de árboles de la plaza de Joaquim Folguera y el Polígono Cañellas porque considera que no está suficientemente justificada, son desproporcionadas respecto a los fines, no se compensan con la reposición el incremento de plantaciones de similares característica y no cuentan con el apoyo mayoritario de los vecinos.

Área de Política Municipal de la Federación de Barcelona (ciudad)

El Estatuto de Autonomía de Cataluña en su artículo 6.2 establece que el castellano y el catalán son los dos idiomas oficiales de Cataluña. El mismo Estatuto reconoce en su artículo 33 que todas las personas tienen el derecho a recibir la información oficial emitida por los poderes públicos en Cataluña en la lengua que aquéllas elijan. Ello no hace sino reconocer la realidad de los usos lingüísticos en esta comunidad autónoma. En el caso de Barcelona, sus ciudadanos usan indistintamente ambas lenguas en su comunicación. Sin embargo, a pesar de esta realidad y a despecho de la legislación aprobada por el Parlamento de Cataluña, el hecho es que numerosas comunicaciones de la Administración Local están escritas exclusivamente en uno solo de los dos idiomas. Es el caso de la revista Barcelona Informació que, con periodicidad bimensual, envía el Ayuntamiento de Barcelona a todos los domicilios. Esta publicación informa sobre la actividad del propio Ayuntamiento con un marcado carácter propagandístico sobre los partidos en el gobierno consistorial. Pagada con el dinero de todos los ciudadanos, es evidente que debería editarse en los dos idiomas oficiales de Cataluña: a nuestros domicilios debería llegar una publicación bilingüe o el Ayuntamiento preguntar a los ciudadanos sobre el idioma en que desea recibir el boletín. Dirigirse a los administrados en su propio idioma, no sólo es una obligación de las administraciones públicas, sino que, en el caso que nos ocupa, contribuiría a que más ciudadanos se interesasen por la política de su municipio.

Es por esta razón que la Federación de Barcelona de Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía (C’s) ha decidido reclamar formalmente al Ayuntamiento que las publicaciones gratuitas que envíen por correo sean editadas también en castellano. Hemos preparado una instancia para que la firmen cuantos deseen presentar la solicitud en los registros municipales, adjuntando un ejemplar recibido de Barcelona Informació. Una comisión entregará en el Registro del Ayuntamiento todas las solicitudes que se reciban en la sede de C’s en Barcelona. Quien así lo prefiera, también podrá presentar la solicitud en la sede del Ayuntamiento de los diferentes distritos.

El modelo de instancia puede descargarse aquí.

Federación de Barcelona (ciudad)

“ViscaBarcelona” ha tenido su desvergonzada continuidad en la exposición “Fent Barcelona”, cuestionada por la oposición en el consisorio: nuevamente fondos públicos se han destinado al autobombo de los partidos en el gobierno municipal, aspecto por el que el CAC ordenó retirar los spots promocionales.

Reproducimos la carta de un simpatizante de C’s publicada en El País el pasado 16 de abril.

En la edición de Cataluña publican que la exposición “Fent Barcelona” de este Ayuntamiento, ha costado 1.411.200 € y ha sido vista de momento por 2.700 personas, o sea, más de 500 € de coste por visitante. Esto en sí ya es un grave despilfarro, pero si lo analizamos aún es mayor. Del coste sólo 80.000 € son coste material de la exposición y el resto es campaña de promoción, esto es, un 95% de marketing; lo que importa es promocionarse y no el producto expuesto. Por otra parte, no veo contabilizados los costes del local, vigilantes, limpieza, etc., que aún aumentarían más el coste por visitante. ¡Hasta dónde van a llegar estos políticos, para los que lo importante no es el real servicio al ciudadano, y más en época de crisis, sino la autopromoción!

Se impone una regeneración profunda de la política y un acercamiento a las necesidades del ciudadano; en definitiva, lo que se necesita son criterios de eficiencia en la Administración Pública. La empresa privada no puede escaparse de estos criterios: si no es eficiente desaparece. En cambio, ¿quién elimina o adelgaza las partes ineficientes de la Administración Pública?

Ricardo Fernández Esteban

¿Qué méritos tiene Sabino Arana para que desde 1979 Barcelona le honre dando su nombre a una calle del distrito de Les Corts? La calle llevó anteriormente el nombre de otro antidemócrata: Roberto Bassas, Jefe Territorial de Cataluña y Provincial de Barcelona de Falange Española. Quizás el gobierno municipal que presidía Narcís Serra consideró méritos de Sabino Arana haber creado la ikurriña en 1894 y fundado el PNV un año después. Pero Sabino Arana hizo más: predicó el odio a España y el desprecio a sus habitantes (maketos), a los que consideraba de raza inferior. Se opuso al progreso social, defendiendo las estructuras de la sociedad más reaccionarias (fue visceral su odio al liberalismo y la industrialización) y el catolicismo más retrógrado de fuerte componente carlista (“Sin Dios no queremos nada”). Vean estas citas:

-Etnográficamente hay diferencia sustancial entre ser español y ser euskeriano, porque la raza euskeriana es sustancialmente distinta de la raza española (lo cual no lo decimos solo nosotros, sino todos los etnólogos), y el concepto étnico no es jurídico, sino físico y natural, como relativo a la raza: de suerte que etnográficamente, los euskerianos no pueden ser españoles aunque quieran, pues para ser españoles tendrían que dejar de ser euskerianos: por eso, al decir pueblo español, nación española, no podemos comprender dentro de esta dicción al euskeriano, a no ser por supina ignorancia de lo más conocido en etnología, porque pueblo y nación son vocablos que se refieren a la raza, y no al derecho.

-Si fuese moralmente posible una Bizkaya foral y euzkeldun (o con Euskera), pero con raza maketa, su realización sería la cosa más odiosa del mundo, la más rastrera aberración de un pueblo, la evolución política más inicua y la falsedad más estupenda de la historia.

- Tanto nosotros podemos esperar más de cerca nuestro triunfo, cuanto España se encuentre más postrada y arruinada.

-No el hablar este o el otro idioma, sino la diferencia del lenguaje es el gran medio de preservarnos del contagio de los españoles y evitar el cruzamiento de las dos razas. Si nuestros invasores aprendieran el Euskera, tendríamos que abandonar éste, archivando cuidadosamente su gramática y su diccionario, y dedicarnos a hablar el ruso, el noruego o cualquier otro idioma desconocido para ellos, mientras estuviésemos sujetos a su dominio.

-Si a esta nación latina la viésemos despedazada por una conflagración intestina o una guerra internacional, nosotros lo celebraríamos con fruición y verdadero júbilo, así como pesaría sobre nosotros como la mayor de las desdichas, como agobie y aflige al ánimo del naufrago el no divisar en el horizonte ni costa ni embarcación, el que España prosperara y se engrandeciera.

-Es preciso aislarnos de los maketos en todos los órdenes de la vida. De otro modo, aquí en esta tierra que pisamos, no es posible trabajar por la gloria de Dios.

-En pueblos tan degenerados como el maketo y maketizado, resulta el universal sufragio un verdadero crimen, un suicidio.

(Del reglamento redactado por Sabino Arana Goiri para”Euskeldun-Batzokija”)

Sabino Arana era racista y xenófobo: su odio y desprecio a las personas nacidas en el resto de España, incluía, por supuesto a los catalanes. Deseaba la ruina y la destrucción de España, Cataluña incluída. No merece una calle en nuestra ciudad. Ni en otra parte.

En el 2001 una plataforma cívica (Fuera Sabino Arana) ya solicitó que el nombre del racista vasco desapareciera del nomencátor de Barcelona, pero el cambio -sobre el que escribiera Iván Tubau- jamás se materializó (leer). Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía (C’s) viene reclamando al Ayuntamiento de Barcelona desde diciembre de 2007 el cambio de nombre y propuso el de Carrer dels Drets Humans (Calle de los Derechos Humanos). La Federación de Barcelona va a solicitar en el Ayuntamiento del distrito que nuestra ciudad deje de rendir homenaje al racista y xenófobo vasco.

Área de Política Municipal de la Federación de Barcelona (ciudad)

Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía (C’s) ha organizado una reunión con padres interesados en obtener más información sobre la educación de sus hijos en Cataluña, en especial sobre los problemas para elegir la lengua de escolarización. C’s invita a los interesados a una reunión informativa que tendrá lugar en el Centro Cívico de las Cocheras de Sants, en la calle Sants nº 79 de Barcelona, el jueves 16 de abril a las 19 horas.

El encuentro contará con la presencia de abogados y expertos que solventarán dudas y canalizarán propuestas. Algunas de las dudas que han llegado a C’s son:

¿Qué podemos hacer como padres para conseguir que nuestro hijo sea educado en la lengua oficial de nuestra elección?¿Cuáles son mis derechos? ¿En quién puedo apoyarme? ¿Tengo derecho a recibir información por escrito del colegio en la lengua que yo elija?

Recordemos que en Cataluña se da hoy esta situción:

La ley otorga a los niños el derecho a recibir la enseñanza infantil y primaria en su lengua habitual oficial de la Comunidad Autónoma, ya sea ésta el catalán o el castellano, pero la Generalitat impide el cumplimiento de este derecho y se niega a incluir en los impresos de preinscripción una casilla para marcar la lengua elegida. Incumple la ley desde hace ya 10 años. Primero incumplieron las sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, ahora incumplen la sentencia ratificada por el Tribunal Supremo. En el impreso de preinscripción del curso 2009-2010 se informa a los padres que pueden ejercer el derecho solicitándolo al director del centro escolar en el que el alumno sea admitido.

El PSC y los demás partidos son responsables y los medios de comunicación también mantienen un silencio cómplice. El 7 de febrero C’s organizó una concentración en Barcelona pidiendo a José Montilla, Presidente de la Generalitat, que dimitiera si no estaba dispuesto a cumplir las leyes y las sentencias judiciales.

La reunión informativa de C’s el próximo jueves día 16 de abril se enmarca en la campaña de solicitud de la casilla emprendida por nuestro partido, cuyo folleto informativo puede descargarse aquí. Tras la admisión en el centro escolar, la solicitud de la lengua de escolarización (dirigida al director del centro) puede descargarse aquí.

El 5 de Marzo se celebró sesión plenaria en la sede del Ayuntamiento del distrito de Gracia. Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía (C’s) estuvo presente y formuló algunas preguntas a los responsables municipales.

La sesión se inició con un informe -complaciente en exceso con la gestión municipal- que eludió entrar en los asuntos importantes (como por ejemplo el empleo de los fondos estatales), y en cambio dedicó gran parte del tiempo a discutir sobre obviedades, folclore y otros asuntos banales. Lamentablemente, los temas sociales fueron relegados a un segundo plano, en beneficio del urbanismo y la obra pública. Por otra parte, quedó claro que las comisiones, en las que se fundamenta la actuación municipal, son demasiado numerosas, poco ejecutivas y están mal organizadas.

En cuanto a la participación de C’s, requerimos información sobre las siguientes cuestiones, y esto fue lo que nos respondieron:

1) Si han considerado los problemas que pueden ocasionar a los vecinos, especialmente a los de mayor edad, los continuos cambios de nombre de las calles, y si no entienden la inutilidad y el despilfarro de recursos públicos que ello supone.

No hubo contestación a esta pregunta.

2) Si pueden aportar los datos del número de asistentes sociales con el fin de comprobar que efectivamente se cumple el porcentaje mínimo por habitante que el propio Ayuntamiento estableció en 1995. Sospechamos que no es así. Es un asunto grave teniendo en cuenta que los problemas económicos están afectando a muchas personas, lo que se refleja en el aumento de la mendicidad.

Se nos contesta que en ese momento no disponen de los datos, pero que se nos comunicará en breve.

3) Si no consideran una falta de previsión el hecho de haber dejado morir hace cuatro años la escuela concertada Al·leluia, que poseía una alto nivel pedagógico y educativo, teniendo ahora que construir una instalación pública para cubrir esta carencia.

Se pregunta asimismo si los padres podrán escoger la lengua en la que quieren que estudien sus hijos, cumpliendo así con las cuatro sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y ratificadas recientemente por el Tribunal Supremo como resolución a los recursos interpuestos a aquéllas por la Generalitat. A esta última cuestión, el Regidor del distrito, Sr. D. Guillem Espiru (PSC) contestó que consideraba que el catalán, como idioma minoritario, merecía una trato de “discriminación positiva”, respuesta muy sorprendente en boca de un servidor público porque no tiene en cuenta la legislación vigente, ni los derechos individuales de las personas, amén de lo absurdo de pensar en discriminación positiva de cosas inanimadas como son las lenguas. Para rematar la respuesta, el Presidente, Sr. D. Ricard Martínez (ERC) apostilló que ellos cumplirán las sentencias judiciales el día que Madrid cumpla el Estatuto de Cataluña.

Este último argumento no merece comentario. Baste consignar nuestro asombro ante una manifestación tan frívola proveniente de la máxima autoridad de un distrito municipal, que se jacta de no cumplir las leyes y las sentencias de los tribunales.

C’s - Federación de Barcelona (ciudad) - Área de Política Municipal

En 2005 la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona acordaron construir diez residencias para ancianos en la ciudad condal: ninguna ha entrado en funcionamiento. Es una de las múltiples carencias que afectan a los ciudadanos recogidas en el informe de 154 páginas que Pilar Malla, la “Síndica de Greuges de Barcelona” (digamos Defensora del Ciudadano) ha entregado al alcalde de Barcelona y a todos los grupos municipales a modo de balance de las quejas recibidas durante el año 2008.

Es el cuarto año que la institución elabora dicho informe, pero el que ahora nos ocupa, como se señala en su preámbulo, refleja las consecuencias sociales del nuevo panorama económico: “cada vez hay más ciudadanos que reclaman respuestas concretas a necesidades básicas como vivienda y alimentación”. Esto está ocurriendo en una ciudad en la que goza de coche oficial un concejal que no está en el gobierno municipal y vive a tres minutos de una estación de metro de la línea que lleva directamente a la Plaza San Jaime.

El mayor número de quejas tramitadas por la institución a lo largo de 2008 están relacionadas con la vivienda, el ruido, la administración municipal despótica hacia las quejas de los ciudadanos y la precariedad o nula asistencia a los más necesitados. Hace pocas semanas la Federación de Barcelona de C’s ya declaraba -a raíz del incendio en el Raval el pasado 30 de enero (leer)- que no velar por el derecho a una vivienda digna es el más flagrante de los incumplimientos constitucionales del Ayuntamiento de Barcelona y, con diferencia, la más vejatoria de las numerosas dejadeces del gobierno municipal hacia sus ciudadanos.

No nos ha sorprendido que las quejas de los barceloneses relacionadas con la vivienda encabecen el informe de la “Síndica de Greuges de Barcelona”. Destaquemos, por ejemplo, las irregularidades en adjudicaciones de vivienda pública, la dejación ante la ayuda legalmente prevista para casos de acuciante necesidad y urgencia, la pasividad de la administración local ante el acoso inmobiliario, la falta de inspecciones sobre los estados de conservación, habitabilidad y salubridad, así como la falta inspecciones ante denuncias de posibles obras que se ejecutan sin licencia o que no se corresponden con la autorización. Explícitamente se menciona en el informe la relajación, lentitud, ineficacia y, en numerosas ocasiones, nula intervención de los departamentos de licencias e inspecciones de los distritos, en definitiva, la falta de contundencia de la Administración para mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos. Por ejemplo, no se están aplicando plazos rigurosos en un plan integral que elimine definitivamente los insalubres depósitos de agua de muchas fincas.

C’s, entre otras actuaciones urgentes, ha reclamado que el Ayuntamiento elabore un estudio sobre el parque de viviendas vacías y, seguidamente, se implique en detener su deterioro e incorporarlas al mercado de alquiler, algo por lo que velan las administraciones locales en las grandes capitales europeas.

Un año más, las quejas por contaminación acústica son numerosas. Ruidos por hostales y apartamentos para turistas ubicados en fincas con otros vecinos, maquinarias de locales como equipos electrógenos o de climatización, obras en la vía pública, helicópteros, etc., son motivo de quejas que los ciudadanos han trasladado a la “Síndica de Greuges” tras no obtener respuesta y solución de la administración municipal. Es prioritaria, se considera en el informe, una modificación en el 2009 de las Ordenanzas municipales en lo que se refiere a la contaminación acústica y una rigurosa vigilancia de las actividades nocturnas que generan ruido.

C’s incorporó a su programa para las elecciones municipales de 2007 la propuesta de elaboración de un mapa del ruido real de Barcelona y la necesidad de redimensionar los niveles de ruido permitidos a vehículos, obras públicas y otras actividades. La “Síndica de Greuges” señala que el Ayuntamiento ni siquiera está siendo riguroso en la aplicación de las sanciones con los actuales baremos. Cualquier barcelonés sabe que durante las fiestas de su barrio no se puede dormir hasta el alba y el más infame de los conciertos es de audición obligatoria en varios kilómetros a la redonda.

La “Síndica de Greuges” constata un incremento de las solicitudes de asistencia social y de la precariedad con que, año a año, más ciudadanos deben vivir en Barcelona; a ello se añade la falta de coordinación entre las instituciones que deben aplicar la Ley de Dependencia. Los recursos que destina el Ayuntamiento a mejorar la vida de los más desfavorecidos está muy lejos de las demandas y necesidades reales. Recordemos que nuestra ciudad carece, por ejemplo, de un parque de viviendas municipales asistidas para ancianos sin recursos, a la vez que es insuficiente la oferta de cobertura municipal para la vida diaria, asistencia médica y apoyo psicológico de los desfavorecidos económicamente, ancianos y grandes dependientes, por ello nos parece sangrante que se reciban quejas relacionadas con el Servicio de Asistencia a Domicilio (SAD): el informe recoge quejas sobre la deficiente gestión del servicio, los frecuentes cambios de horario o insuficiencia de éste, la dudosa preparación o pulcritud del profesional asignado, etc.

La Federación de Barcelona de C’s propuso en 2007 que el Departament de Bienestar Social de la Generalitat transfiera servicios al Ayuntamiento de Barcelona para que la ciudad cohesione los instrumentos de justicia social sin solapar actuaciones y dispersar recursos y dijimos que en la actualidad Barcelona no tiene bien distribuida en su territorio una coherente red de servicios públicos asistenciales. Entre las recomendaciones de Pilar Malla va ímplicito la coincidencia con nuestro análisis: debe redimensionarse el territorio en función de sus necesidades de asistencia pública; por otra parte, la actual división de la ciudad en sólo cuatro zonas favorece la adjudicación del concurso público del SAD a las grandes empresas del sector.

Pilar Malla refiere en su informe que visitó dos residencias de titularidad municipal destinadas a discapacitados: constató falta de espacio, precario mantenimiento y en una de ellas incumplimiento de la normativa por lo que se refiere a la infraestructura (espacio, seguridad, etc).

La “Síndica de Greuges” recoge que son motivo de quejas las respuestas automáticas de la atención telefónica y de la Administración electrónica: el Ayuntamiento responde a los ciudadanos, a modo de estereotipado acuse de recibo, pero sin resolver sus problemas.

Estos son únicamente algunos de los grupos de quejas tramitados por la institución durante el pasado año, pero otros ámbitos (medio ambiente, circulación y transportes, seguridad, uso y mantenimiento de la vía pública, procedimientos administrativos y tributos) son objeto de las 1.506 quejas recibidas por una institución, el ombudsman local, de larga tradición en numerosas ciudades europeas. Sería deseable que en Barcelona tal institución fuera más conocida: que el Ayuntamiento sienta el aliento de la Defensora del Ciudadano en el cogote y que el desprecio déspota hacia los ciudadanos por parte de un gobierno municipal que despilfarra obscenamente en autopublicitarse sea descrito, negro sobre blanco, año tras año, en un informe objetivo.

Antonio López

En la mañana del 30 de enero se declaró un incendio en un piso, por llamar de alguna manera a un habitáculo compartimentado de 30m2 en el que convivían cuatro personas, situado en la calle San Pacià número 5 de Barcelona, cerca de la Rambla del Raval. Fallecieron una mujer de 43 años y sus dos hijos, de 9 y 3 años. La causa del incendio ha sido, según los indicios, un cortocircuito en la instalación eléctrica. Estamos nuevamente ante un caso de instalaciones obsoletas que implican, como se ha demostrado, un riesgo para las personas.

Que en Barcelona sigan ocurriendo estos accidentes mortales dice poco y mal del Ayuntamiento, desde hace lustros un feudo del PSC, asistido más recientemente en las bandas por linieres también progresistas de boquilla: IC-V y ERC.

Pero no sólo en el Raval -donde tanto gusta a Joan Herrera (IC-V) que le grabe TV3 interesándose por niños inmigrantes- malviven muchos de nuestros conciudadanos. Son miles las viviendas de éste y otros distritos de la ciudad que no cumplen requisitos mínimos de habitabilidad.

El derecho a una vivienda digna es el más sangrante de los incumplimientos constitucionales por parte de todas las administraciones. La falta de implicación de la Administración más próxima al ciudadano, su Ayuntamiento, en alcanzar la dignidad de una morada es una grave dejación política.

No se precisan crear nuevos organismos municipales, sino que los existentes sean eficaces. Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía (C’s) ya ha manifestado en otras ocasiones que la Oficina Municipal de la Vivienda debe implicarse en la lucha contra la infravivienda en Barcelona emprendiendo un plan riguroso de estudio finca a finca. Las conclusiones de inspecciones y estudios deben obligar a los propietarios a realizar los trabajos de acondicionamiento que se precisen y la adaptación a las normativas aplicables según las características de cada vivienda. Para ello, el Ayuntamiento debería abrir líneas específicas de financiación.

No olvidemos que detrás de la situación de abandono de muchas fincas, y no sólo en el Raval, se encuentran prácticas de mobbing inmobiliario contra los ciudadanos económicamente más desfavorecidos. Frente a tales prácticas los afectados han denunciado pasividad de la administración municipal e falta de asistencia jurídica. Son prácticas, no lo olvidemos, que han condenado los tribunales de justicia, y contras las cuales el Ayuntamiento debería implicarse con toda su contundencia.

Padecemos un Ayuntamiento que se autodenomina progresista, pero que no ha creado mecanismos eficientes para los más desfavorecidos (¿dónde están las viviendas asistidas para ancianos, por ejemplo?) que tengan como meta la igualdad de todos los ciudadanos.

Concentrando los esfuerzos que desde C’s proponemos, pueden evitarse nuevas tragedias en amplias áreas de distritos de Barcelona donde muchos ciudadanos están a merced de la falta de escrúpulos de algunos y de un gobierno municipal que mira hacia otro lado, empezando por Hereu, con su expresión de estar permanentemente tocando la lira.

C’s – Federación de Barcelona (ciudad) – Área de Política Municipal

La Federación de Barcelona-ciudad de Ciudadanos - Partido de la Ciudadanía (C’s) ha publicado un nuevo newsletter que podrás leer o descargar a través de este vínculo. El documento recoge diversos temas de actualidad municipal, como la subida abusiva del precio del transporte público en Barcelona, al tiempo que se minora el servicio; el empeño de impedir el uso normal del castellano, lengua oficial del Estado y cooficial en la Comunidad Autónoma de Cataluña,  con la pretensión de dictar un nuevo reglamento de usos lingüísticos en el ámbito del Ayuntamiento de Barcelona; y el apoyo de C’s a los vecinos del distrito de Les Corts que se oponen al plan de recalificación de los terrenos del Miniestadi.

La marcha de la feria de moda urbana Bread & Butter no es una buena noticia para Barcelona y lo es pésima para el sector hotelero, de ocio y restauración en temporada baja, una pérdida difícil de cubrir con esos miles de visitantes que la feria atraía (unos 89.000 en la edición de julio de 2008, el 68,5% extranjeros).

Pero la pérdida no es un tema de exclusiva responsabilidad política como parece deducirse de los gimoteos de los sectores afectados y del Ayuntamiento y de la Generalitat: estamos ante una decisión comercial por parte de la empresa organizadora, fruto de poner en la balanza diversos factores y de que Berlín ha hecho las gestiones oportunas para que la feria volviera a la ciudad.

La desaparición de la pasarela Gaudí, desaforadamente subvencionada por las administraciones públicas, no fue una pésima noticia, ni mucho menos, para los bolsillos de los contribuyentes. El mercado impone sus leyes, esto es, su lógica. La pasarela Cibeles, en Madrid, contaba con una cobertura del evento más rentable y efectiva al tener sede en la capital las revistas de moda y la mayoría de medios de comunicación. Y es importante recordar que ni Cibeles ni Gaudí han tenido nunca repercusión mediática internacional: las únicas pasarelas que funcionan son París, Milán y Nueva York;  ni siquiera Londres obtiene el reconocimiento de medios y compradores.

Ante semejantes desvanecimientos en el sector -síntoma de algo es la marcha de Antonio Miró- está claro que estamos ante un verdadero proceso de desmantelamiento de la moda en España en general, que acapara un buen volumen de producción-distribución retail con grupos como Zara o Mango, y en Cataluña en particular. Es lamentable que la incapacidad de aunar esfuerzos entre los sectores industriales y comerciales y las administraciones, unido al provincianismo hispano secular, impida consolidar ferias y eventos, en muchas ocasiones lanzados con falta de contenidos y escasa ambición internacional. Eventos que en ocasiones parecen entoldados de pueblo que es imposible que atraigan a los profesionales de todo el mundo.

El alcalde Hereu, anclado en el Bicing y demás dinero fácil y el consejero Huguet con su pésima política industrial (muy preocupado, eso sí, por lo que las tiendas de souvenirs deben vender o no, y empleándose con toda contundencia en las presiones lingüísticas, algo incompatible con las reglas del libre mercado dentro de la Comunidad Europea), juegan cada vez peor sus cartas en sectores fundamentales para la economía, que generan negocio e imagen. En definitiva, han colocado a Barcelona en la UCI para ciudades con beneficios y prestigio muy mermados en los ámbitos profesionales.

C’s - Federación de Barcelona (ciudad)
Área de Política Municipal

La red de Bibliotecas de la Diputación de Barcelona discrimina a los lectores castellanohablantes. Según las estadísticas de petición de libros, el 65% de los lectores adultos solicita disponer de títulos editados en lengua castellana. Sin embargo, la política de compras seguida por la citada red  (que en la ciudad de Barcelona es un consorcio Diputación-Ayuntamiento) limita la adquisición de títulos en castellano aproximadamente al 20% del total. Un recorrido por las secciones infantiles da una idea clara de la perversa praxis intelectual del nacionalismo.

Este hecho es un ejemplo más de la política de discriminación hacia la lengua castellana que impera en la práctica totalidad de los organismos públicos catalanes. Esta misma política es la que hace que se ofrezcan clases de catalán, francés e inglés a los usuarios, en su mayoría emigrantes, mientras que no hace lo mismo con la lengua oficial común en todo del Estado.

C’s - Federación de Barcelona (ciudad)
Área de Atención al Afiliado y Comunicación.

La subida del transporte público de Barcelona por encima del IPC es abusiva y desmedida, más intolerable aún porque la supresión de unidades ha empeorado la calidad del servicio de autobuses: los ciudadanos pagarán más por un servicio más deficiente.

Según ha informado la ATM, las tarifas del transporte público aumentarán un 4,7% el próximo año. El billete de diez viajes T-10, el más utilizado (el 45% de los usuarios compran este billete), subirá un 6,9%. Otros títulos experimentarán subidas menores, pero en ningún caso serán inferiores al 3,3%. Ello significa que el transporte público se encarecerá, de media, el doble de lo previsto para el IPC.

El transporte público será más caro el próximo año, pero la calidad del servicio no mejorará. Por el contrario, el 15 de septiembre entraron en vigor unos nuevos horarios de autobuses que han supuesto un recorte de los servicios superior al 5%. Estos son los datos:

La reducción ha afectado a 48 de las 110 líneas de autobuses (obviamente no se incluyen los autobuses turísticos). Los días laborables circulan 23 coches menos (-2,5%) reduciéndose el servicio en unas 695 horas, los sábados, 38 coches menos (-7%) con una reducción de 621 horas, y los festivos, 22 coches menos (-5,6%) y 257 horas menos. En total, circulan ahora 83 autobuses menos, y se han perdido 1.573 horas, lo que representa un 5,7% menos del servicio que se prestaba antes del 15 de Septiembre. Las reducciones son especialmente importantes los fines de semana. Así, hay diversas líneas cuyos tiempos de espera superan los 30 minutos. Por poner unos pocos ejemplos: la línea 35 tiene una frecuencia de paso de 45 minutos; la 42, entre 25 a 50 minutos los sábados, y 30 a 100 minutos los festivos; la 62, entre 23 y 77 minutos los sábados, y 30 a 80 minutos los festivos; la 96, entre 28 a 30 minutos los sábados, y 38 a 84 minutos los festivos.

Algunas de las líneas más afectadas han sido las siguientes:

• Línea 74: reducción de 3 autobuses y 25 horas de servicio los días laborables (-7,8%); 2 autobuses y 29 horas menos los sábados (-22’2%).
• Línea 68: reducción de 2 autobuses y 18 horas de servicio los días laborables (-12,3%); 1 autobús y 14,6 horas menos los sábados (-22,1%).
• Línea 22: reducción de 3 autobuses y 20,2 horas de servicio los días laborables (-7,9%); 2 autobuses y 26,3 horas menos los sábados (-18,9%)
• Línea 54: reducción de 3 autobuses y 77 horas de servicio los sábados (-57,4%).
• Línea 15: reducción de 1 autobús y 18,2 horas de servicio los sábados (-11,1%); 2 autobuses y 22,3 horas menos los domingos (-23%).

Estos son unos pocos ejemplos, ya que como decimos, las reducciones han afectado a 48 de las 110 líneas de autobuses. Ello ha tenido una repercusión directa en las frecuencias de paso, incrementando los tiempos de espera en las paradas, con la consiguiente pérdida de calidad del transporte público.

Estos recortes son inaceptables y hacen más inaceptable el aumento de las tarifas por encima del IPC. El transporte público de Barcelona es el más caro de España. Incrementar el precio del billete por encima del IPC es una medida inoportuna y desmedida, ya que no contribuirá a promocionar el uso del transporte público, ni a aliviar la economía de las familias en tiempos de crisis.

Por todo ello, desde Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía (C’s) solicitamos al Ayuntamiento de Barcelona que haga las gestiones oportunas ante la Autoridad del Transporte Metropolitano para que se reduzcan en una cuantía razonable los incrementos previstos, especialmente el del billete de 10 viajes, el que utiliza la mayoría de los ciudadanos.

Solicitamos asimismo que el Ayuntamiento trabaje para mejorar la calidad del transporte público, aumentando las horas de circulación de los autobuses y el número de vehículos.

C’s - Federación de Barcelona (ciudad) - Área de Política Municipal

A propuesta de ERC, todos los partidos representados en el Ayuntamiento de Barcelona, a excepción del PP,  han acordado en la Comisión de Presidencia del Ayuntamiento de Barcelona formar una comisión que, juntamente con el Institut d’Estudis Catalans, elabore un reglamento de usos lingüísticos en el consistorio barcelonés durante el 2009. CiU se ha apresurado a decir que no debe tratarse de un reglamento de estilo, ni un manual filológico. En efecto, ERC y CiU lo han definido como un instrumento político que garantice la utilización del catalán en todos los ámbitos municipales como establecía la Ley de Política Lingüística de 1998. Esto constituye una prueba más del desprecio y el abuso que demuestran ciertos políticos por los derechos de sus conciudadanos a expresarse y recabar información en la lengua oficial de Cataluña que elijan. En Barcelona más de la mitad de la población utiliza el castellano como lengua “propia”, entendiendo por “propia” la que elige sin coacciones ni amenazas, no ya en su vida privada, sino en sus relaciones con las administraciones públicas. Es lamentable que haya que seguir recordando a los servidores públicos, que en Cataluña hay dos lenguas oficiales que coexisten pacíficamente –cuando los políticos no se entrometen- y deben en todos los estamentos públicos gozar de los mismos derechos. El incremento de la población extranjera no ha hecho sino radicalizar el mensaje que los partidos nacionalistas quieren transmitir: sin saber catalán te lo vamos a poner difícil.

Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía (C’s) denuncia una vez más, como ya lo ha hecho en sus intervenciones en las audiencias públicas en el Ayuntamiento de Barcelona celebradas este año, la lejanía de los representantes municipales con respecto a la realidad de la calle y a los problemas urgentes de los ciudadanos.

C’s - Federación de Barcelona - Área de Política Municipal